En medio de un difícil contexto atravesado por la violencia, en 13 años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Magdalena y Atlántico logró encaminar el proceso de defensa de los derechos de los despojados por el conflicto armado en esta región.
Por encima de intereses políticos y económicos, la actual administración de la URT transformó la institución y con la articulación de distintos sectores impulsa la restitución integral de tierras bajo los lineamientos del director general Giovani Yule.
Al primero de junio de 2024, la territorial registra 8.330 solicitudes de restitución en lo que va de la vigencia de la ley, de las cuales 432 fueron aceptadas en el Gobierno Petro. Lea también: URT Cesar - La Guajira conmemora 13 años de la Ley 1448 con balance a favor de víctimas
“Han sido inscritas 3.467 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, correspondiendo 396 al actual Gobierno.”, indicó la directora territorial de la URT en Magdalena y Atlántico, Marly Molina. Así mismo, la Unidad radicó ante jueces y magistrados 3.229 solicitudes. De ellas, 257 corresponden a la actual administración.
En Magdalena y Atlántico se restituyeron 46.374 hectáreas, con 1.196 proyectos productivos y una inversión de $16.979 millones de pesos desde la expedición de la Ley 1448 de 2011.
En el Gobierno Petro, uno de los puntos en los que centró sus esfuerzos la Unidad, desde el nivel central, fue revisar las decisiones en las que se negó el derecho a las víctimas de solicitar procesos de restitución de tierras. En la región, durante los gobiernos anteriores, fueron negadas 3.521 solicitudes, el 42% de las decisiones. Actualmente, esta situación ha sido objeto de revisión y revocatoria.
“En este Gobierno, el número de negaciones ha sido mínimo: estamos hablando del 0,7%. Y de las decisiones de vigencias anteriores se están tomando acciones para revisar y revocar esas negaciones cuando las pruebas lo ameriten”, señaló Molina.
Esta territorial cuenta con 266 sentencias proferidas por los despachos judiciales de restitución de tierras, beneficiando a 3.054 personas.
De igual manera, la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico de la URT cuenta este año con 1.083 solicitudes en trámite, dando prioridad a 677 con criterio de atención diferencial de mujeres cabeza de hogar y en condición de discapacidad. Le puede interesar: Gobierno Petro reafirma compromiso de la reforma agraria con asamblea en La Guajira
Asímismo, “seguimos la directriz de la circular 027 de 2023 y consolidamos la ruta campesina, en el marco de su reconocimiento como sujeto político, de especial protección constitucional y que tiene una dimensión colectiva, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2023″, enfatizó Molina.
La territorial apuesta a la articulación con entidades del sector como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; el Ministerio Público y los despachos judiciales especializados, en procura de impulsar la restitución y garantía de derechos a las víctimas.
El 50% de las inscripciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) en el país corresponde al Gobierno del Cambio. Son 5.711.903 hectáreas, en todo el país, reclamadas a jueces y magistrados durante la dirección del mayor Giovani Yule en la Unidad de Restitución de Tierras (URT).