La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios por establecer del ICBF Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos por $ 42.000 millones.
De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por medios de comunicación, la oficina regional de esa entidad presuntamente habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos. Lea también: Padres y cuidadores de niños con discapacidad protestarán contra el ICBF
Según la Procuraduría, el equipo directivo de esa regional habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región, (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizados para contratar. Le puede intersar: Cuidadores protestan contra la modalidad ‘Atrapasueños de Apoyo’, del ICBF
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.