El exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, dijo este viernes 12 de abril en Barranquilla durante el “Seminario delito de Defraude de Fluidos y su Impacto”, de que es la hora que el presidente Gustavo Petro Urrego intervenga los precios de energía en Colombia porque “tiene absolutamente todas las facultades constitucionales para hacerlo”. Lea: “El Caribe tiene potencial para ser ecosistema de innovación”: ministro TIC
El evento fue organizado por la Universidad del Norte de Barranquilla y la empresa Air-e, con la participación de instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
Como el tema principal era el de defraudación de fluidos o robo de energía, el exfical Montealegre dijo que en primer lugar, para combatir el delito de defraudación de fluidos se requiere una reforma legislativa, “porque la actual es una regulación antitécnica; es una regulación que se presta a muchas ambigüedades y creo que el mecanismo de haber convertido la defraudación de fluidos en un delito especial en Colombia no ha surtido los mecanismos de política criminal y de prevención del hurto de energía que se buscaban en el congreso de la República”.
“Las cifras en la Costa, las que acaban de dar, de pérdidas en algún momento de 2.000 millones de pesos diarios, pues son unas cifras supremamente altas, porque el robo de energía, el hurto de energía, defraudación de fluidos, en este en este momento, desafortunadamente se les encarga a todos los usuarios. Entonces, cada vez que se están perdiendo a diario en la Costa 2.000 millones de pesos, la pérdida no es básicamente para la empresa, sino que es una pérdida para todos los ciudadanos de Barranquilla y de la Costa en general”, manifestó.
Añadió que tiene que existir en un replanteamiento de política criminal, de hacer un rediseño de unas normas que verdaderamente permitan la lucha contra este flagelo, “porque estas son las cifras de la Costa, pero a nivel nacional estamos hablando de millones de pesos que tenemos que pagar absolutamente todos los colombianos”. Siga leyendo: “El Caribe debe ser un ente territorial con un gobernador regional”: Eduardo Verano
“Creo que ya es hora de plantear una reforma para permitir mecanismos verdaderamente eficaces en la lucha contra este delito. Una primera propuesta es la que el Gobierno Nacional, se puede trabajar desde el Ministerio de Minas, se crearon una comisión de análisis de política criminal para poder presentar una reforma legislativa que le dé al Estado colombiano y a la justicia verdaderas herramientas en la lucha contra la defraudación de fluidos, porque no se trata de pérdidas individuales para una empresa, para la empresa Air-e, para la empresa Afinia, etc. etc., sino que las pérdidas están recayendo en todos los colombianos, especialmente los ciudadanos de la Costa”, afirmó Montealegre.
Sostuvo que una buena política legislativa y de combate contra este tipo de delitos, unas nuevas herramientas más eficaces, a la postre determinarán bajar los costos de la energía. Ya se ha explicado que los costos de la energía provienen básicamente de las generadoras de energía.
“Durante la pandemia y durante los fenómenos de escasez los grandes beneficiarios que se han llevado billones y billones y billones no son los distribuidores de energía, no es Air-e, no es Afinia, son los grandes generadores que han ganado injustificadamente billones y billones de los colombianos y por qué razón, porque debe existir una mayor regulación del Estado en el mercado de la energía”, manifestó.
Indicó que en materia de constitución económica indica que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, "de que estamos hablando de una economía social de mercado. ¿Qué significa que Colombia tiene economía social de mercado? Eso significa que tiene que existir un equilibrio entre la mano visible del Estado y la mano invisible del mercado. Significa que aquí no hay un neoliberalismo transa, no hay un liberalismo salvaje en el sentido de que las reglas, los precios todos salgan de la oferta y la demanda, sino que puede existir una intervención del Estado en la economía real y un mecanismo de intervención real de la del del Estado la economía a través de la regulación”.
“El presidente de la República y más exactamente la Comisión de Regulación, tiene la capacidad constitucional para fijar techos en los precios a los cuales se negocia en bolsa la energía en el país, es decir, pueden poner techos a la venta de energía. Es una decisión prácticamente el presidente de la República, que tiene absolutamente todas las facultades constitucionales y techa los precios de la energía, yo creo que es el principio de solución al problema de las tarifas, especialmente en el Caribe, es decir, tenemos las herramientas jurídicas, lo que falta es voluntad política del Estado”, insistió el exmgistrado. Mire a ver: Junior busca asegurarse en el grupo de los ocho este sábado ante Envigado
Destacó que el ministro de Minas ha estado muy atento a esta problemática. “Hay que felicitar la labor del ministro, pero el ministro tiene que dar un paso más con el presidente Petro y es el de intervenir realmente el mercado de la venta energía en el país y eso es intervenir los precios de bolsa, techar los precios de bolsa con base en los cuales se fijan finalmente las tarifas. Porque no es posible que se haga un proyecto como el de Air-e, que se convirtió en una operación de salvamento a todos los problemas que se presentaron por Electricaribe, que se hayan fijado unos precios, se haya hecho una negociación con unos determinados de precios de venta de la energía con los generadores y, sin exagerar, que se hayan multiplicado por cuatro o por cinco los precios de compra”.
Terminó diciendo que aquí hay un total totalmente en el mercado. “Yo creo que es hora de que el presidente de la República intervenga el mercado de energía, que se techen los precios de venta e inmediatamente eso tendrá un impacto. Entonces, creo que, en la medida, en este momento más radical, está en manos del Gobierno Nacional”.