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“No se necesita cambiar la Ley de Servicios Públicos”: gremios del Caribe

Aducen que un decreto del Gobierno nacional puede resolver la situación energética de la Región.

“No se necesita cambiar la Ley de Servicios Públicos”: gremios del Caribe

Gremios de los departamentos de la Región Caribe se pronunciaron sobre la reunión realizada el sábado en Sincelejo, que no solucionó el problema energético de la Costa. // Cortesía.

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A propósito de la declaración hecha al término de la Cumbre Energética del Caribe realizada el pasado sábado en Sincelejo, y los anuncios recientes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, emitieron un comunicado conjunto donde manifiestan que para mejorar las condiciones desfavorables que tiene la región no se necesita cambiar la Ley 142 de 1994. Lea: Gobernadores y gremios proponen 8 medidas para bajar tarifas de energía

El comunicado está firmado por los representantes del Comité Intergremial del Atlántico, Comité Intergremial del Magdalena, Consejo Gremial de Bolívar, Comité Intergremial del Departamento del César, Comité Intergremial Sucre, Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Santa Marta, Cámara de Comercio de Cartagena, Cámara de Comercio de Sincelejo y Cámara de Comercio de La Guajira.

En siete puntos, los gremios de esta región del país manifiestan lo siguiente:

“No se necesita cambiar la Ley 142 de 1994, conocida como la Ley de Servicios Públicos, para que el Gobierno nacional emita decretos o resoluciones con medidas inmediatas y de mediano plazo que solucionen la situación del sistema energético del Caribe, como las planteadas por los gremios y gobernadores de esta región al presidente de la República, Gustavo Petro”, empieza el comunicado. Siga leyendo: Cumbre Energética en Sincelejo: “Propuestas del Caribe son viables”

En un segundo punto manifiestan: estamos a la espera de respuestas específicas del Gobierno nacional a las propuestas de los gremios y gobernadores de la Región Caribe enfocadas en modernizar la infraestructura de transmisión y distribución con inversión pública; fomentar la competencia en los mercados; aumentar la energía firme; ampliar el plazo de la opción tarifaria; mejorar la asignación de subsidios con una focalización más eficiente para ampliar el consumo de subsistencia; y crear un fondo que beneficie a los usuarios más pobres para cubrir parte de las pérdidas que pagan. Reiteramos que con decretos o resoluciones se pueden aplicar estas propuestas.

En el tercero dicen que la crisis energética de la Región Caribe no es solo un problema de altas tarifas del servicio y para bajarlas no es suficiente enfocarse en analizar la gestión de pérdidas de las empresas del sector ni en poner en marcha un plan para reducirlas, se requieren soluciones integrales acordes con la complejidad de la situación, como las planteadas formalmente al Gobierno nacional y las que puede tomar la CREG.

El cuarto punto trata de la revisión y actualización de la fórmula para fijar las tarifas de energía eléctrica es obligación de la CREG y para ello no se requiere, por lo tanto, ninguna orden o disposición nueva del Gobierno nacional en tal sentido.

“Lograr una mayor eficiencia en la formación del precio de la energía en bolsa hace parte de las propuestas que hemos formulado los gremios y gobernadores de la Región Caribe, por lo que acogemos el anuncio en tal sentido hecho por la CREG, pero solicitamos información más detallada de los mecanismos que se utilizarían para alcanzar ese objetivo”, dice el quinto punto.

En el sexto manifiestan que “compartimos la creación de comunidades energéticas, pero se requieren precisiones sobre su alcance y esquema de operación”. Le puede interesar: Drama por altos costos de la factura de energía eléctrica en la Región Caribe

En el séptimo y último punto recomiendan que: se necesita una mesa técnica que analice las distintas propuestas que han planteado todos los actores de la cadena del sistema de energía eléctrica y los gremios de la Región Caribe, de la que surja un plan de acción consensuado con acciones inmediatas y de mediano plazo, y tiempos de ejecución debidamente establecidos, para resolver la crisis de crecientes costos de la energía y de alzas en el valor de las facturas a pagar por los usuarios.

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