De cara al desarrollo energético, económico y social que se adelanta para el departamento de La Guajira, resulta indispensable abanderar procesos de capacitación de las comunidades étnicas para favorecer su participación en la toma de decisiones frente a su territorio a través de la consulta previa.
Por esto, el Ministerio del Interior en convenio con la Universidad de la Guajira llevó a cabo el curso intensivo sobre el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a la Consulta Previa en Riohacha y Maicao. La formación la recibieron 100 integrantes de las comunidades con quienes buscaron multiplicar el conocimiento y que sean ellos mismos los que adelanten los procesos de consulta previa. Lea también: Abren incidente de desacato por falta de consulta previa para obras del Dique
“Estas jornadas intensivas que se vienen realizando también en otras regiones del país, permiten tener comunidades étnicas más preparadas para decidir sobre los asuntos fundamentales que atañen a su territorio y su identidad e integridad étnica”, explicó el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Mininterior, Álvaro Echeverry Londoño.
También explicó que este es un principio constitucional contenido en la Sentencia SU-121 de 2022, la cual insta al Estado a cumplir con su deber de superar la asimetría en el diálogo, y que dicha brecha se debe zanjar mediante el acceso a la información y procesos formativos. Le puede interesar: La dura respuesta de Mininterior al exdirector de Planeación Nacional
“Esto exige comunidades mejor preparadas en materia de consulta previa para que puedan ejercer sus derechos y para que sean ellas, y no terceros, quienes puedan construir colectivamente modelos de desarrollo, de preservación e integridad para su territorio”, puntualizó Echeverry Londoño.
Este curso corresponde a la primera fase de la estrategia de la Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa, cuyo objetivo es contar en La Guajira con capacidad técnica de gran formación, a fin de garantizar que los grupos étnicos sean protagonistas de sus propios procesos y se empoderen en cuanto al derecho fundamental a la consulta previa sobre proyectos, obras o actividades que impacten directa o indirectamente en sus territorios.