La Defensoría del Pueblo ha expresado su profunda preocupación por la crítica situación sanitaria, de salud y alimentaria que prevalece en el establecimiento penitenciario Las Mercedes, ubicado en Montería. Durante una reciente visita, se han identificado graves riesgos de vulneración de los derechos humanos de la población privada de la libertad en este centro penitenciario.
Uno de los problemas más evidentes es el desbordamiento del sistema de alcantarillado en el pabellón que alberga a las mujeres, una situación que se agrava día a día, generando una auténtica emergencia sanitaria. Este problema también afecta a las áreas circundantes de la prisión. Lea también: Fortalecen la seguridad integral marítima en el Golfo del Morrosquillo
Adicionalmente, se ha constatado que la atención médica dentro de la cárcel no cumple con los estándares necesarios. Las citas y cirugías de baja y media complejidad, que se ofrecen en Montería, son autorizadas para llevarse a cabo en otros departamentos, lo que provoca dificultades considerables ya que no se dispone de transporte para trasladar a los pacientes. Como resultado, algunos reclusos han estado esperando más de un año para recibir una cita médica o exámenes clínicos, a pesar de los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y de las gestiones realizadas por la dirección de la prisión, así como las acciones legales emprendidas. Esta demora pone en riesgo la vida de los internos.
La entrega de medicamentos y el suministro de alimentos también presentan serias deficiencias. La entrega de medicamentos puede demorar hasta dos semanas y, en ocasiones, no llegan en absoluto. Además, las comidas carecen de proteína y, según los propios reclusos, a veces llegan en estado deplorable. Lea además: Constructoras en el Atlántico podrán prever los cierres financieros de sus clientes
En vista de esta situación alarmante y de la flagrante violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo insta a las entidades pertinentes, incluida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), a trazar un plan que contemple soluciones a corto, mediano y largo plazo. Es imperativo garantizar los derechos constitucionales fundamentales de la población carcelaria y abordar de manera efectiva esta crisis que afecta a los reclusos en la Cárcel Las Mercedes de Montería.