Un nuevo informe entregado por la Defensoría del Pueblo en lo que respecta a confinamientos ha arrojado que en el período entre enero y septiembre de este año se han registrado 156 confinamientos, lo que equivale a un 31% de incremento en comparación a los números del año 2022.
La entidad garante de los derechos humanos identificó que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2023, los confinamientos, a causa de la expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial, y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley, afectaron a 39,942 personas, el equivalente a 11,094 familias, 37 confinamientos más que en el mismo período de 2022, cuando fueron registrados un total de 119.
A ello se suma, agregó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, la contaminación con minas terrestres y las amenazas contra los pobladores que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado interno. Lea aquí: Más de mil personas desplazadas por enfrentamientos en el sur de Bolívar
Chocó sigue siendo la zona con más confinamientos. A corte de septiembre, se presentaron en ese departamento 81 eventos; le siguen Putumayo, con 21; Nariño, 17; Arauca, 13; Cauca, 12; Valle del Cauca, 5; Bolívar, 4; Caquetá, 2, y Antioquia, 1.
Las fechas de los confinamientos
En lo que respecta a Bolívar, El Universal constató que los cuatro confinamientos reportados en este 2023 por la Defensoría del Pueblo se registraron en los municipios de Arenal y Montecristo, ambos con 2 eventos presentados. Lea también: Miedo en el sur de Bolívar, 120 familias confinadas por combates
Según la entidad, estos eventos se presentaron así:
Arenal: 1/05/2023 - 60 familias afectadas (151 personas).
Arenal: 1/05/2023 - 103 familias afectadas (247 personas).
Montecristo: 8/06/2023 - 26 familias afectadas (64 personas).
Montecristo: 29/08/2023 - 58 familias afectadas (89 personas).
Si se compara este mismo período de enero a septiembre de 2022, solo se registró un confinamiento en el municipio de Morales, en el que resultaron afectadas 350 familias (1,400 personas) el 12 de agosto del año en cuestión.
“En la Defensoría del Pueblo esperamos que con los nuevos anuncios de suspensión de las hostilidades de grupos armados ilegales sea garantizada la movilidad en las comunidades y el ejercicio de sus derechos, además de la disminución de la confrontación armada. También, el establecimiento de corredores humanitarios, cuando haya lugar a ello, para que sean mitigados los impactos del confinamiento en las regiones asediadas por la confrontación armada”, puntualizó el defensor del Pueblo.