El presidente de la Veeduría Ciudadana de Rocha, Édinson Maza Miranda, instauró una denuncia ante la Fiscalía de Turbaco, para que se investigue si el consejo comunitario del corregimiento, jurisdicción del municipio de Arjona, incurrió en delitos relacionados con su función étnica y social.
Según la denuncia, la Fiscalía tendría que investigar los presuntos punibles de gestión indebida de recursos cívicos, concierto para delinquir y peculado por apropiación en concurso heterogéneo sucesivo y celebración indebida de contratos.
En la denuncia aparecen como indiciados personas relacionadas con el Consejo Comunitario de Rocha y un funcionario de una empresa de carácter ambiental
Ellos son: Linfer Moyar Ruiz, exrepresentante de la Junta del Consejo Comunitario de Rocha; Néstor Iriarte Llerena, expresidente de la Junta del mismo consejo; Alexis Dominicheti Zabaleta, exrepresentante legal; Linairo Pérez Marín, tesorero; Davinson Salas Rocha, vicepresidente; Janeth Castro Salas, secretaria; Óscar Mallarino Miranda, fiscal; y David González Cardales, representante legal de la empresa Coriambiental.
Maza Miranda contó que, en 2018, el Consejo Comunitario de Rocha celebró un proceso de consulta previa con la empresa Promigás, que dio una compensación de $1.950 millones, representada en unos proyectos, entre los cuales estaba una policlínica, por $790 millones; otro presupuesto para construir la sede de los pescadores por $160 millones, la construcción de un vivero por $220 millones y la remodelación de un parque por $285 millones.
De acuerdo con el veedor, todos esos proyectos están inconclusos.
Linfer Moyar Ruiz, representante legal del consejo comunitario, aclaró que no fueron $1.950 millones los que recibieron por los impactos negativos de Promigás en la comunidad sino $950 millones.
“Lo que pasa —explicó— es que eran dos consultas en una: Loop San Mateo Mamonal y el nuevo cruce Caño Correa-Canal del Dique. Este último costaba $600 millones, para poder completar $1.950 millones. Pero ese proyecto no se dio y solamente aprobaron los $950 millones”.
Según Moyar, esta última cifra se destinó para la construcción de un vivero, la policlínica, la iglesia, la sede de los pescadores y la remodelación del parque.
“Cuando se hace un proceso de consulta previa, es la asamblea la que aprueba los proyectos que se van a ejecutar. Fue así como en una sesión se decidió modificar los proyectos, que quedaron así: policlínica, vivero, remodelación del parque e iglesia. Faltó la sede de los pescadores, pero se compró el lote con una casa, por si se daba el proceso de consulta previa con el nuevo cruce Caño Correa-Canal del Dique se construiría la sede de pescadores”.
En cuanto a la policlínica dijo que se trataba de un empalme que se iba a hacer con el CAP de Rocha, pero no se pudo porque, al parecer, se pedía demasiado dinero por el lote, que está al lado del CAP.
“Entonces optamos por hacer una construcción nueva, la cual generó un sobrecosto. Pero en todo el proceso de consulta previa había que mostrar informes del avance de las obras, para que la empresa pudiera entregar los recursos. Al final, la misma empresa se percató de que los recursos no iban a alcanzar para terminar la policlínica. Sin embargo, estamos buscando los recursos”.
Respecto al vivero, aseguró que fue construido, mediante un contrato de seis meses, “y todavía están los árboles que sembramos, como prueba de que se cumplió”.
David González Cardales, representante legal de la empresa Coriambiental, añadió que el puesto de salud tiene 382 metros cuadrados y está adelantado en un 95%, “pero me causa admiración que el señor Édinson Maza vive en Rocha y todos los días pasa por la clínica, además de que ha hecho eventos en los espacios que se están remodelando. Eso significa que sus denuncias son de mala fe y obedecen a asuntos de tipo político”.