En un fallo de primera instancia, la Contraloría General de la Nación profirió un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de 71 mil 674 millones de pesos, a título de culpa grave, en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus y otros funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba, implicados en la investigación del denominado cartel de la hemofilia.
La decisión se tomó al término de una audiencia que duró más de 12 horas en el que se analizaron los pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de cabal salud.
El órgano de control estableció que para perpetrar el fraude se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros, luego de suplantar las firmas del laboratorio y de un médico hematólogo de la ciudad.
Entre los declarados responsables fiscales figuran, además, del exgobernador Lyons, aparecen cuatro exsecretarios de salud, tres auditores médicos, dos coordinadores y los representantes legales de las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana.
En el listado de responsables fiscales, según la Contraloría Delegada Intersectorial número 2, aparecen Alfredo José Aruachán Narváez, Alexis Gaines Acuña, Edwin Preciado Lorduy y Juan Carlos Cervantes Ruiz, todos ellos en su calidad de secretarios de Salud.
También figuran Alfredo Ceballo, quien era coordinador del Plan Ampliado de Inmunizaciones; Adalberto Carrascal Barón, coordinador del CAM; Juan David Náder, Marcela Suárez Luna y Mayda Gómez Ochoa, auditores médicos, así como Guillermo Pérez Ardila, representante legal de Unidos por su Bienestar, y Rubén Darío Guerra de la IPS San José de la Sabana.