El gobierno nacional se reunió con los voceros de los indígenas Embera Katíos que desde finales del año anterior adelantan una protesta en contra de la empresa Urrá, señalando que la construcción de la hidroeléctrica desmejoró sus condiciones de vida y por ello, piden ampliar el plazo de la indemnización pactada.
A la mesa de trabajo, que se realizó en Bogotá, concurrieron, representantes de los ministerios de Ambiente, Minas y Energía, Interior, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo, representantes de la empresa Urrá, el alcalde del municipio de Tierralta, Daniel Montero, y diez delegados de la minga indígena.
De acuerdo con lo señalado por el gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez Mora, en el encuentro se trataron todos los temas pertinentes a Urrá, que históricamente se ha venido trabajando, como la vía Crucito, la reparación social y otras situaciones de trascendental relevancia.
Confirmó que el próximo 2 de febrero la reunión continuará en el territorio,, con el propósito de seguir adelantando la mesa técnica y buscar una solución al problema estructural de la vía, como punto central y otros elementos, alrededor de la reparación social.
“Seguiremos actuando como institución, como un amigable componedor para lograr una salida pronta que permita consolidar nuestro territorio, apostarle a la paz y a la reconciliación social”, concluyó Benítez Mora.
Como se recordará, desde el pasado mes de diciembre, los Emberas adelantan dos protestas. La primera de ellas en Montería, justo frente a las instalaciones de Urrá, con el fin de solicitar que se amplíe el término del pago de la indemnización, que estaba pactada a 20 años, y la segunda se adelanta en la vía que de Tierralta conduce al proyecto hidroeléctrico.
En esta última, los voceros indígenas han señalado que la empresa Urrá habría incumplido con el pavimento requerido en dicha ruta. Sin embargo, por parte de las directivas de dicha compañía se ha establecido que no cuentan con un respaldo legal que permita acceder a las pretensiones planteadas.
“El tramo de vía a construir se encuentra ubicado dentro del área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida en la Ley 2 de 1959, y como tal la empresa debía solicitar, como efectivamente lo hizo, la sustracción de esta área de reserva, dado que este procedimiento es indispensable para construir la vía”, informó la empresa en un comunicado.
Reiteraron que no cuentan con fundamento legal para acometer la construcción de los seis kilómetros solicitados y que por ello se ve imposibilitada para dar cumplimiento a lo establecido en la licencia ambiental.
Ante esa situación, elevaron una solicitud a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y están a la espera de lineamientos sobre las acciones que se deberían emprender a futuro, basados en lo dispuesto en la Resolución del 25 de noviembre.
Con relación a la operación, el presidente de Urrá, Rafael Piedrahita, dijo que por el momento estaría garantizada y aunque es un escenario complicado, tienen alternativas para no perjudicar la operación, pues el sistema perdería confiabilidad sin los aportes de la central.