Los 60 miembros de la comunidad Embera Dochama que se desplazaron hasta el casco urbano del municipio de San José de Uré, sur de Córdoba, pidieron garantías de seguridad al Ejército y también solicitaron las correspondientes ayudas al gobierno.
Las 13 familias se desplazaron de la vereda indígena Batatadó, por amenazas de un grupo armado, denunciando alto riesgo al igual que pobladores de Boca de San Pedrito del corregimiento Versalles y Brazo Izquierdo, en la misma región.
Por solicitud de la Unidad para las Víctimas, se activó un plan de contingencia y se celebró un comité extraordinario de justicia transicional, el cual contó con la participación de representantes de la comunidad indígena Batatadó, delegados de la Gobernación, Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería, Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y Policía.
En la reunión se indicó que de acuerdo al plan de contingencia la primera atención la está brindando la administración municipal, luego la asumirá la Gobernación de Córdoba y en cumplimiento del principio de subsidiariedad, posteriormente atenderá la Unidad para las Víctimas con su oferta para la atención de emergencias masivas en especie.
También se informó que, por los mismos hechos, algunas familias campesinas se desplazaron hacia el corregimiento Versallles y que actualmente se avanza en la construcción del censo y la caracterización de la población desplazada.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Personería se comprometieron a adelantar una misión al corregimiento de Versalles para verificar el número exacto de familias campesinas desplazadas a este corregimiento.
Entretanto, la directora territorial de la Unidad de Víctimas en Córdoba, Mareila Burgos, rechazó la situación presentada en este municipio y expresó que “reprochamos rotundamente estos hechos violentos que llevan a que nuestras poblaciones indígenas se desplacen, violando así sus derechos y la tranquilidad de toda una comunidad”.
Reiteró que desde la Unidad para las Víctimas están comprometidos con brindar el apoyo y ayudas necesarias para darle solución a esta situación y que trabajan para mitigar las necesidades de las familias en condición de desplazamiento y mantienen el seguimiento, orientación y apoyo tanto a las víctimas, administración municipal y al Ministerio Público.