En un fallo de primera instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, condenó a la pena de cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa de 47 millones 533 mil 858 pesos a tres médicos y un enfermero, aduciendo que hubo falta de atención a la menor de 14 años Saleth Kaliope Espitia Villadiego.
El hecho ocurrió en el 2010 cuando la menor fue ingresada a la Clínica Montería a las 3:00 de la tarde del lunes 19 de abril porque presentaba estado febril, pero el 20 de abril, a las 10:45 de la mañana, murió, luego que le aplicaran un medicamento al cual hizo alergia.
Los sentenciados, por homicidio culposo fueron los médicos Carlos Mario Camargo Correa, Rafael Ignacio Martínez Jiménez y Adriana Margarita Buelvas Bustillo, mientras que el enfermero implicado es Juan Carlos Gómez Flórez.
La sentencia advierte que la menor fue víctima de desatención y procedimientos médicos equivocados, errados e inadecuados por parte del personal médico y paramédico que la atendió después de haber ingresado a urgencias con fiebre y dolor de cabeza y salir sin vida del centro asistencial.
De acuerdo con lo denunciado por sus padres, lo cual fue corroborado por el sistema judicial, a la menor le aplicaron dos dosis del medicamento Dipirona y una dosis de Diclofenaco las cuales le causaron una reacción alérgica, como se establece en la historia clínica.
El juez considera que a la situación no se le dio el manejo acorde con los protocolos médicos, los cuales de haberse aplicado se hubiese evitado la muerte de la menor Saleth Kaliope.
Lo más grave de la situación es que pese a la alergia que presentaba la menor, luego que le aplicaran el medicamento, le dieron de alta y la mandatron a la casa, donde su situación se agravó. Al regresar al centro asistencial, su situación era crítica y tuvo que ser recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El fallo también establece una inhabilidad de 51 meses para cada uno de los implicados, tiempo en el cual no podrán ejercer su profesión.
Los padres de la menor, temen que este caso quede impune, pues pese a que hay un fallo de primera instancia, se han buscado todas las argucias necesarias con el fin de dilatarlo para lograr la preclusión del mismo.
Advierten que este fallo es una sanción moral para un caso que aún los mantiene destrozados, pues su hija entró a buscar mejoría y resultó muerta.
Elvis Espitia dijo que este caso no puede quedar en la impunidad y que por ello ha venido liderando una lucha silenciosa en el sector judicial, pero que no ha sido fácil.
Insistió en que el caso de su hija no es aislado, sino uno más de los que a diario ocurren en Colombia a personas que han puesto en el sistema sus esperanzas de salud y han terminado metidos en un ataúd.
“Hoy por hoy la salud de todos los colombianos quedó en manos de empresas y empresarios carentes de sensibilidad humana que han visto en este “negocio” un nicho comercial para enriquecerse a costa de todos los usuarios y pacientes, olvidando que la salud no es un negocio, sino un derecho de todos”, señaló.
Finalmente, pidió a las autoridades ejercer un mayor control y ser más exigentes para permitirles a ciertos grupos empresariales atender tan vital servicio o acceder a millonarios contratos que solo dejan resultados como el ocurrido a su familia.