Hay alerta máxima en 13 municipios del departamento de Córdoba donde podrían registrarse hechos de violencia electoral durante el proceso, debido a la presencia de grupos al margen de la ley que estarían presionando a los electores a favor o en contra de algunos candidatos.
La advertencia la hizo la Defensoría del Pueblo y en la misma señaló que los municipios en riesgo extremo son Tierralta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, todos ubicados en el sur de Córdoba, donde se han desencadenado hechos relacionados con la presencia de bandas criminales.
El mismo organismo señala que en riesgo alto se encuentran La Apartada, Planeta Rica, Ayapel, Buenavista, ubicados en la zona del San Jorge, y los municipios de la zona costanera Canalete, Moñitos, San Antero y Los Córdobas.
En ese mapa de riesgos también quedó incluido Montería, pero señalando que el nivel de riesgos de la capital cordobesa es medio y que el mayor riesgo estaría en la zona rural.
Mediante la alerta temprana número 35 de la Defensoría se hizo un llamado a los órganos de control, garantes de derechos, orden público, autoridades electorales y a la Misión de Observación Electoral para que activen las acciones preventivas necesarias.
Ante esa situación, el director de la Fundación Cordoberxia y defensor de derechos humanos, Andrés Chica, pidió a las autoridades que trasladen las mesas de votación de las zonas rurales hacia la cabecera municipal con el fin de evitar el constreñimiento de los electores. Sin embargo, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral aún no han hecho pronunciamiento alguno.
Por su parte, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, indicó que las bandas criminales se convierten en una amenaza para el normal desarrollo de las próximas elecciones, pues en esas regiones mantienen su radio de acción Los Caparrapos, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
Finalmente, Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral, MOE, aseguró que hay una gran preocupación sobre el posible financiamiento de grupos al margen de la ley, en algunas campañas políticas en el sur de Córdoba.