El juicio oral, previsto para este martes, con el fin de esclarecer el crimen del director de la Oficina de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, no pudo realizarse debido a que el fiscal del caso, Álvaro Pión Mayorga, se enfermó pocas horas antes del mismo.
Pese a que los familiares del ingeniero asesinado llevan cinco años tratando de establecer los móviles y autores del asesinato, esta vez también fue aplazado el proceso tal y como ha venido ocurriendo en anteriores oportunidades.
La rama judicial no dijo para cuando quedaba aplazado el proceso, pero de manera extraoficial se conoció que los testigos que tenían establecidos para la jornada de hoy no lograron ser ubicados. En la lista figuraba María Isabel Valencia, esposa de Zapa, quien está viviendo fuera del país, Fausto Zapa, padre de la víctima; Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba; Zayma Barrera, dueña de la casa en la que estuvo Zapa antes que lo desaparecieran, y los investigadores del CTI Dinora Salcedo y José Luis de la Espriella.
Hay que indicar que algunas de las pruebas allegadas al proceso fueron rechazadas por la juez del caso, Carmen Arrieta Burgos, debido a que no surtieron el trámite legal para ser admitidas dentro del proceso.
Hay que recordar que por el crimen de Zapa fueron detenidos Joycer Hernández, desmovilizado de las autodefensas; su compañera sentimental Zuath Naidú; el contratista y señalado de ser el autor intelectual, Jesús Henao, el primo de Zapa, Carlos Pérez; el segundo al mando en la Oficina de Regalías, Maximiliano García, y Jesús Albeiro Redondo, amigo de Henao.
Por vencimiento de términos están en libertad dos de los vinculados al proceso que son Jesús Albeiro Redondo y Carlos Pérez, mientras que Zuath Naidú, tiene casa por cárcel debido a que salió en embarazo estando en el penal.
Aunque inicialmente Joycer Hernández, confeso asesino, quien reconoció haberlo estrangulado y luego trasladar su cuerpo hasta el paraje donde fue sepultado, dijo que lo había por celos, con el paso de los meses la investigación condujo a un crimen relacionado con cuestionados contratos de ciencia y tecnología, donde se esfumaron cientos de miles de millones de pesos.
Hernández, quien adelantó un proceso de negociación con la Fiscalía y reveló el sitio donde había sepultado a Zapa, aceptó ser el autor material del crimen, pero en la última audiencia preparatoria del juicio oral no aceptó el delito de desaparición forzada imputado por la Fiscalía.