La Contraloría General de la República (CGR) profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones, contra el ex gobernador del departamento de Sucre, Julio César Guerra Tulena, por el detrimento al patrimonio público que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.
Guerra Tulena ordenó con recursos del Sistema General de Participaciones y de Regalías, pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre, como fue la supuesta internación y atención de pacientes ficticios (de población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
Según el organismo de control, Guerra Tulena incurrió en conducta gravemente culposa, con la que faltó a su deber de garantizar la administración y debida utilización de los recursos destinados a la salud, pues no desarrollo una gestión eficiente, tendiente a supervisar y controlar su correcta inversión.
Asimismo, la Contraloría considera que el ex gobernador ocasionó el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la atención en salud de la Población Pobre no asegurada y los asignados por el Sistema General de Regalías para la Restructuración de pasivos, al ordenar el pago de bienes y servicios de salud, que no fueron efectivamente prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.
Igualmente, nunca existió la atención de urgencias que esta IPS aseguró haber realizado y lo que se determinó por parte de la Contraloría es que lo único que perseguía la misma era obtener de manera fraudulenta el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentación adulterada.
Para la Contraloría, ese hecho se concretó gracias a la deficiente gestión fiscal del ex gobernador, en asocio con las omisivas conductas de sus subalternos y contratistas de la Secretaria de Salud Departamental, quienes de manera negligente no ejercieron de manera adecuada las funciones que les correspondía respecto de esta actividad.
Responsables fiscales
El fallo con responsabilidad fiscal, proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Sucre y confirmado en su integridad por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, cobija también a dos ex secretarios de Salud Departamental: Nayibe del Carmen Padilla y Efraín de Jesús Suárez, en la misma cuantía ($2.723 millones), que al igual que el ex gobernador tendrán que responder con su propio patrimonio, en forma solidaria.
También, el fallo con responsabilidad fiscal afecta a los siguientes funcionarios y contratistas de la Gobernación de Sucre en el momento de los hechos que dieron lugar al detrimento patrimonial: Samir Serpa Alvarez, en su condición de Líder del Programa de Auditoria de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre; Oswaldo Contreras Gómez, auditor de la Secretaría Departamental de Salud.
Igualmente, Samuel Palencia Tovar, auditor; Jorge Ramírez Mattar, auditor Médico; Nadin Farak Arrieta, auditor de Cuentas, y Ana Vergara Ortega, profesional especializado, adscritos a la Secretaría de Salud Departamental.
Finalmente, se falló con responsabilidad fiscal contra la clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S y Ernesto Bladimir González Ospino, propietario y representante legal de esta IPS.
Las irregularidades que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron detectadas durante una auditoría que practicó la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en los componentes de Salud (Salud Pública y atención a la Población Pobre no cubierta con Subsidio a la Demanda – PPNA), ejecutados por la Gobernación de Sucre durante la vigencia 2015.
La Contraloría General de la República, en cabeza de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, resolvió los 11 recursos de reposición interpuestos contra el fallo del 18 de enero de 2019, y confirmó de manera íntegra la decisión contenida en el mismo.
Actualmente el expediente se encuentra al Despacho del Contralor General, para que la Oficina Jurídica de la CGR decida los recursos de apelación interpuestos.