La contienda electoral del año 2015 en el departamento de Bolívar y en especial, en Cartagena, aún es recordada por la cantidad de maquinarias empleadas por los diferentes partidos y movimientos políticos para ganar votos en las urnas.
En el departamento de Bolívar, el partido Cambio Radical obtuvo el mayor número de alcaldías. Quince miembros de este movimiento político fueron elegidos como alcaldes municipales, de los cuales dos ganaron en coalición con el Partido de La U, que obtuvo 13 alcaldías. El Partido Liberal ganó 11 alcaldías, Opción Ciudadana obtuvo 4 y los movimientos MAIS y Primero la Gente lograron quedarse con una, cada una.
Puestos en función, algunos alcaldes bolivarenses han tenido que sortear sanciones por parte de la Procuraduría y otros organismos de control que han perjudicado no solo sus gestiones, sino también sus permanencias en sus cargos. El Universal recopila los casos más polémicos y los líos a los que se enfrentan algunos mandatarios una vez se posesionaron.
Manolo Duque - Exalcalde de Cartagena
Elegido por 125.456 cartageneros, el comunicador social Manolo Duque enfrentó una administración polémica. Su primer desafío fue en mayo de 2017 cuando la Procuraduría lo suspendió por tres meses mientras se daba curso a la investigación por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, ocurrida el 27 de abril de ese mismo año y que dejó 21 obreros muertos.
El organismo de control manifestó en su momento que “la magnitud de la tragedia mostró tal negligencia y falta de control en el tema de las construcciones ilegales que nos obliga a tomar decisiones de esa naturaleza”. De igual forma, el Ministerio Público investigó al mandatario un día después del colapso, por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a esa construcción y al resto de obras de la ciudad.
Ese mismo año, Duque fue capturado en la operación ‘La Heroica’, que destapó una presunta red de corrupción en la elección de Nubia Fontalvo como contralora Distrital en 2016. Fue procesado por concierto para delinquir y tráfico de influencias y lo enviaron a la cárcel junto con su primo hermano José Julián Vásquez y el exconcejal Jorge Useche.
Quedó libre por vencimiento de términos, pero Duque fue detenido por la Fiscalía luego de entregarse en medio del escándalo por las presuntas irregularidades halladas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el 2016. Tras permanecer recluido por más de un año en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, el exalcalde pagó una caución que le fue requerida para hacer efectiva la detención domiciliaria.
Quinto Guerra - Alcalde de Cartagena
Antonio Quinto Guerra llegó al Palacio de La Aduana el 6 de mayo de 2018, tras una elección atípica producto de la renuncia de Manolo Duque Vásquez.
Mucho antes de su elección, el ojo de la Procuraduría estuvo sobre su candidatura. El Ministerio Público argumentaba que el aspirante estaba inhabilitado porque tenía dos contratos firmados con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, cinco meses antes de la fecha inicialmente pactada para las votaciones, el 15 de abril del 2018.
No obstante, mediante resolución 0997 del 2 de mayo de 2018, el Consejo Nacional Electoral rechazó la nulidad interpuesta por el ente de control y dejó en firme la candidatura de Guerra.
Pero la ‘mala hora’ le llegó al mandatario un viernes 25 de mayo en un aviso de prensa que le notificaba que, en un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar lo suspendía del cargo como medida cautelar para que el Consejo de Estado pudiera revisar de fondo la presunta inhabilidad en la que incurrió Guerra al haber aspirado al cargo.
Así las cosas, y en medio de una inestabilidad política, el presidente Iván Duque se apersonó de la situación de Cartagena y tras revisar una terna, designó en septiembre de 2018 a Pedrito Pereira Caballero como alcalde encargado.
Ahora, la apelación del suspendido alcalde será resuelta por la sección Quinta del Consejo de Estado, la misma que ya falló en su contra.
Senén Cantillo - Alcalde de Turbana
En diciembre de 2018, la Procuraduría suspendió por cuatro a meses a Senén Cantillo Paternina por no tener tantas mujeres en su gabinete.
El organismo de control, a través de su seccional provincial de Cartagena, estableció que Cantillo Paternina solo nombró a una mujer en cargos directivos de la administración municipal en el año 2016, cuando la Ley de Género le ordena incluir como mínimo a dos mujeres.
En abril de este año, el Ministerio Público volvió a tocar las puertas de esta administración. Esta vez para emitir una suspensión por 3 meses ante la omisión del alcalde en el proceso para crear un cuerpo de Bomberos en el municipio.
La Procuraduría Provincial de Cartagena señaló que Cantillo “faltó a su deber legal de mantener vigente el contrato de prestación del servicio en los años 2016 y 2017, lo que dejó a la comunidad expuesta a la improvisación en la atención de emergencias”. El Universal pudo conocer que este proceso está en segunda instancia y aún no emiten un fallo resolutivo.
José Luis Altamar -Alcalde de Santa Rosa de Lima
A José Luis Altamar Rodríguez lo suspendió la Procuraduría por seis meses por incumplir dos fallos de tutela proferidos por un juez de la República.
De acuerdo a lo explicado por el Ministerio Público, el alcalde no acató lo ordenado en fallos del 31 de julio de 2017, que lo conminaban a brindar información amplia y suficiente a un grupo de ciudadanos que exigían conocer el trámite dado a su solicitud de pensión, y qué procedimiento debían seguir para constituir su bono pensional. Altamar apeló el fallo de primera instancia, por lo que el proceso permanece en segunda instancia a la espera de un nuevo fallo.
Gilberto Amaya Vásquez - Exalcalde de Villanueva
En fallo de segunda instancia, Gilberto Amaya Vásquez fue destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cualquier cargo público por la Procuraduría General de la Nación.
La investigación disciplinaria expuso que Amaya Vásquez no podía inscribirse como candidato a la Alcaldía de Villanueva, por ser el compañero sentimental de Marta Cecilia Cera Orozco, quien se desempeñó como registradora del municipio hasta el 6 de mayo de 2015. También se denunció como otra causal de inhabilidad que para la época de su inscripción, el padre del mandatario fungía como técnico administrativo de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Villanueva. Ante esto, Villanueva eligió en una elección atípica realizada el 2 de septiembre de 2018 a Eurípides Orlando Velasco Mendoza como alcalde.
Yecenia Iriarte - Alcaldesa de Arroyohondo
El particular caso del municipio de Arroyohondo se da por cuenta del fallecimiento del alcalde electo Carlos Paternina Orozco, meses después de su posesión.
Este suceso motivó a su esposa a participar como candidata en las elecciones atípicas que fueron celebradas en la población el 17 de octubre de 2016.
Iriarte Ospino ganó la contienda electoral pese a las denuncias en su contra que recibió el Concejo Nacional (CNE), en las que se advertían la presunta inhabilidad de la mujer para aspirar al cargo, por ser la esposa del difunto alcalde.
Tras tomar posesión, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años a Iriarte Ospino, manifestando que desconoció “los principios de imparcialidad y moralidad de la administración pública, al quebrantar los postulados orientados a que las personas que acceden a cargos del Estado lo hagan en igualdad de condiciones, sin ventajas que puedan poner en discusión los intereses públicos y privados”.
La Procuraduría calificó la falta cometida por la alcaldesa como “gravísima a título de culpa gravísima”. La defensa de Iriarte apeló el fallo y el proceso se fue a segunda instancia. El Universal conoció que dicho proceso cumple un año de estar en segunda instancia sin decisión.
Uldarico Toloza - Alcalde de Barranco de Loba
El 10 de mayo de 2017, Uldarico Toloza fue capturado en Barranquilla por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador expuso en una comunicación que contra Uldarico Toloza hay cuatro investigaciones por presunto falso testimonio, amenazas, injuria y delitos contra la administración pública.
Entre las denuncias se destacaba la de varias familias mineras, víctimas del conflicto interno armado, quienes sostuvieron que Uldarico Toloza las amenazaba frecuentemente con el fin de apoderarse de los títulos de las minas de oro del municipio. A Toloza Tundeno le aplicaron medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, por el delito de concierto para delinquir agravado.
