Más de 6 mil millones provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) para el sector salud en Sucre no fueron ejercitados durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, por la Secretaría Departamental del ramo, situación calificada como muy preocupante por los diputados de la Asamblea.
Patricia Chica Pacheco, secretaria de Salud departamental, informó lo anterior al responder los cuestionamientos de los diputados sucreños, que hoy realizaron un debate de control político sobre el sector salud. Según el informe, en el año 2016 dejaron de usar $1.404 millones 550 mil de salud pública; 2017, $3018 millones 736 mil 625 y en el 2018 $2 mil millones.
“Hicimos un plan de contingencia y empezamos a evacuar este año. Usualmente se venían contratando en los meses de junio y septiembre los programas de planes de intervenciones colectivas, y hemos articulado con el Ministerio de la Protección Social y nos han hecho llegar oficios sobre las actividades que debemos contratar”, dijo Chica Pacheco.
Informó que en cuanto a los recursos del SGP se deben realizar unas adiciones para evitar que se tengan que devolver los recursos y poderlos ejecutar, “esto ha sido consultado con el Ministerio para evitar que Sucre incumpla la norma y nos dieron un plazo para que antes del mes de mayo estén contratados los planes de intervención colectiva 2016, 2017 y 2018”, indicó la funcionaria.
Ante esta información, varios diputados, entre ellos Carlos Carrascal, Jairo Barona Taboada y Karyme Cotes Martínez, expresaron su preocupación ya que no existe claridad en donde se encuentran esos recursos del SGP y sí pueden ser adicionados en la presente vigencia, porque no fueron ejecutados en su momento.
El diputado Barona Taboada se preguntó donde están los recursos, porque estos no han pasado por la Asamblea para ser adicionados al Presupuesto. “Bajo que figura pretende la Administración Departamental traer unos dineros de 2016 al 2019”, aseveró.
Por su parte, la diputada Karyme Cotes Martínez, dijo que la información que todos los servidores públicos manejan es que si una entidad territorial que no ejecuta los recursos de inversión en una vigencia, los pierde para la siguiente, “porque el Ministerio de Hacienda castiga a los entes territoriales cuando no ejecutamos los recursos y tenemos realmente un doble perjuicio, que no se hacen los programas, proyectos, no se tienen las coberturas y los indicadores deseados, pero además somos castigados por la ineficiencia fiscal, y si esto no es así o si existe algún otro marco normativo, nos gustaría conocerlo, porque esto me preocupa personalmente”, aseveró.
De acuerdo a la diputada, esta es una situación que se repite en casi todos los sectores de inversión del departamento, como en el de educación en donde son más de $20 mil millones dejados de ejecutar en actual periodo de gobierno.
El debate de control político incluía un cuestionario a los gerentes de hospitales de Sincelejo, San Marcos y Corozal, sin embargo esto se suspendió, en aras de programarlo en una nueva fecha, para que participen los representantes de las EPS y ESE que adeudan recursos a estos entes.