La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de la exsecretaria de la Mujer, Género y Desarrollo Social de la Gobernación de Córdoba, Sandra Lucía Gómez Urbina, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención de los adultos mayores en ese departamento, caso que popularmente se conoce como el Cartel del Bastón.
Para el órgano de control la exfuncionaria participó en actividad contractual al parecer, desconociendo el principio de responsabilidad de la contratación estatal, al no ejercer en debida forma su deber de vigilancia y control sobre los convenios interadministrativos número 327 y 326 de 2016, celebrados entre la Gobernación y los municipios de Planeta Rica y San José de Uré, respectivamente, que tenían por objeto transferir recursos para el fortalecimiento de los centros vida y/o bienestar.
De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público se evidenció que algunos de los adultos mayores que se encontraban inscritos en los centros no reunían los requisitos para acceder a los beneficios del programa, es decir, no pertenecían a los niveles I y II del Sisben o registraron su domicilio en lugares diferentes a los municipios de Planeta Rica y San José de Uré.
Además, se encontró la misma huella con diferentes nombres en las planillas que soportaban la entrega de beneficios como dotaciones, kit de aseo, consultas médicas, atención fisioterapéutica, talleres, recreación, entre otros.
El órgano de control reprochó a la exfuncionaria porque al parecer no garantizó la ejecución idónea de los convenios que buscaban la protección y el restablecimiento de los derechos de las personas de la tercera edad y calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.