El pago de 4.988 millones de pesos por concepto de terapias de rehabilitación a menores de edad en condición de discapacidad es el que tiene en vilo al suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y al exmandatario Alejandro Lyons, quienes fueron destituidos por la Procuraduría, en fallo de primera instancia.
El órgano de control les reprochó que no hubieran ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de los secretarios de Salud, Edwin Preciado y Jaime Pareja, quienes ordenaron el pago por las terapias prestadas desde diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que mediara una relación contractual con Funtierra IPS.
Esa misma razón motivó la destitución e inhabilidad por 11 años a los exsecretarios de Salud del departamento Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán por ordenar el pago de los servicios de salud a través de las resoluciones número 00002 de fecha 13 de abril de 2016, el 001267 del 20 de mayo de 2015, el 001516 del 11 de junio de 2015, 002529 del 28 de julio de 2015, 002765 del 6 de octubre de 2015, el 005223 del 4 de noviembre de 2015, 005806 de fecha 11 de noviembre de 2015 y el número 08320 del 15 de diciembre de 2015.
El Ministerio Público encontró que los disciplinados explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. No obstante, el órgano de control advirtió que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso omitir la celebración de un contrato.
La Procuraduría recordó que según lo señaló el Consejo de Estado, no se puede ordenar el pago de servicios que se hubieren ejecutado sin la previa celebración de un contrato, salvo que exista una amenaza o lesión inminente que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas, eventualidad que admite ejecutar actividades sin contrato y no se presentó en este caso.
En este sentido, el órgano de control determinó que el ente territorial no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, pues conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas.
También la Contraloría
En octubre del año pasado, la Contraloría General de la Nación también se pronunció en torno a los pagos que había hecho la Gobernación de Córdoba a Funtierra IPS, la cual está representada legalmente por Tania Otero, esposa del exaspirante a la Gobernación de Córdoba, Eduardo Padilla, quien funge como asesor de la misma IPS.
El pago de esas terapias generó incluso una acción de tutela instaurada por la mencionada IPS con el fin de obligar a la Gobernación a que pagara las terapias de 2016, pero la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Montería negaron las pretensiones de Funtierra.
En su momento advirtieron que si bien es cierto que las tutelas obligaban a prestar el servicio de terapias a los niños en condición de discapacidad, en ninguna parte establecieron que las mismas tenían que hacerlas Funtierra y que en ese caso eran las EPS en las cuales los niños se encontraban afiliados la que tenía que encargarse de las mismas.
La Contraloría también cuestionó que las resoluciones pagadas a Funtierra están soportadas con facturas que la IPS soportó por cada paciente, pero que no encontró ningún documento con el que la Gobernación de Córdoba dejara claro qué estudios económicos o qué valor unitario se tuvo en cuenta para que se pagaran las terapias.
Tampoco encontraron los soportes que demostraran una relación contractual entre la administración departamental y la mencionada IPS y además evidenciaron que se pagaron los tratamientos sin que estos se hubieran hecho en su totalidad, es decir, hacían menos de las terapias recomendadas por el neurólogo y las cobraban todas.
Hay que indicar que el departamento de Córdoba pagó más de 10 mil millones de pesos por la prestación de este servicio a varias IPS entre ellas a Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S, Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS y a Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud, todas registradas en el año 2014.
La IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud tiene registro de la Cámara de Comercio de mayo de 2014 y en menos de seis meses ya pasaba factura por valor de 772 millones de pesos a la administración. Igual ocurrió como Crecer & Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación, registrada en enero de 2014 y un año después había facturado 1.811 millones de pesos.
La historia se repitió con la Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS S.A.S., creada en enero de 2014 y entre noviembre de ese año y febrero de 2015 cobró por terapias de neurodesarrollo a pacientes pobres que habían puesto tutelas, 1.350 millones de pesos a la Gobernación.
