Ángel Alfredo Castro Durán, quien se desempeñara como juez penal del circuito de Lorica, fue condenado a 5 años y 16 meses de prisión por haber participado en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión judicial se derivó de la autorización que dio para el pago irregular de prestaciones sociales a exempleados de la liquidada Telecom, las cuales fueron solicitadas a través de acciones de tutelas, por valor cercano a los 542 millones de pesos.
También deberá pagar una multa por 216 millones de pesos, equivalentes al 40 por ciento del valor defraudado, en el proceso popularmente conocido como el Cartel de las Tucson.
La sentencia advierte que deberá cumplir la condena en un centro carcelario, pero el exjuez pidió que le fuera concedido el beneficio de casa por cárcel, aduciendo que tiene una grave enfermedad. Así las cosas el juez evalúa su condición con el fin de tomar la determinación.
Por ese mismo caso fue destituido por el Consejo Superior de la Judicatura que además lo inhabilitó por diez años para el ejercicio de cargos públicos, por haber reconocido derechos a exempleados que eran improcedentes.
No es el primer escándalo en el que se ve envuelto el entonces juez Castro. En 2014 su firma apareció en una orden de libertad de cuatro miembros de bandas criminales que estaba presos en la cárcel de Pedregal, Antioquia.
El ex funcionario judicial se allanó a los cargos en 2017 y se acogió al beneficio de rebaja de penas, pues desde 2009 fue imputado por la Fiscalía con los delitos que generaron su condena.
