La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de más de $1.055 millones por el denominado “Cartel de los Enfermos Mentales” en el departamento de Sucre.
Según el ente de control, de encontrarse responsable fiscalmente, tendría que responder, con su propio patrimonio, el ex gobernador Julio Cesar Guerra Tulena, en su calidad de representante legal de la entidad territorial en el momento en que se dieron los hechos.
El ex gobernador fue vinculado al proceso y, según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre, decisión que se le notificó personalmente como dispone la Ley.
El “Cartel de los Enfermos Mentales” según la Contraloría General, se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.
El actual proceso fue abierto por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, en el departamento de Sucre, específicamente por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los $1.055 millones de pesos.
Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.
El total de los pagos irregulares superó los $5mil millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron.
La Contraloría General de la República había igualmente evidenciado en su momento, la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados.
Es decir, la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos. Tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.
