El cobro de 1.780 millones de pesos por alumnos fantasmas en el municipio de Lorica es la razón por la cual fueron detenidos el secretario de educación de la localidad, Oscar Antonio Rhenals España, y el representante legal de la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia, Pedro Alejandro Llanos Corrales.
Según la Fiscalía hay presuntas irregularidades en la contratación realizada por la Secretaria de Educación del municipio de Lorica, que habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en matrículas de estudiantes inexistentes.
Explicó que en el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional giró recursos del Sistema General de Participación a la Secretaría de Educación de Lorica, Córdoba, para subsidiar la educación de un sector de la población vulnerable. Al realizar auditorías sobre la utilización de los recursos se encontraron irregularidades, como niños inexistentes que fueron incluidos en los registros para ser beneficiarios de los recursos.
Los investigadores encontraron que en la Institución Educativa Rafael Núñez había 1.549 estudiantes inexistentes, por lo que se presume un detrimento de aproximadamente de 1.700 millones de pesos.
Los detenidos deberán responder por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, pero no aceptaron cargos.
Vinculan a exalcalde
Por el mismo proceso será llamado a indagatoria el exalcalde de Lorica, Francisco Jattin Corrales, quien tiene una orden de captura expedida por la Fiscalía Anticorrupción, la cual según el ente, no se ha podido hacer efectiva.
La denuncia inicial la instauró el Ministerio de Educación Nacional, aduciendo que había irregularidades por el cobro de alumnos inexistentes en un contrato suscrito entre la Alcaldía de Lorica y la Fundación SOS.
Indicaron que había 2.841 estudiantes fantasmas, de los cuales 1.549 correspondían al contrato 051 de 2014 , del cual Oscar Rhenals era el supervisor. También argumentaron que dicho contrato se debía adjudicar a través de un proceso de licitación, pero se hizo por contratación directa.
La Fiscalía reiteró que no entregaron el listado de estudiantes que debía consignar el estudio previo, no se registraron en el Simit y como si fuera poco, tampoco se hizo un acta de liquidación formal.
