Dicen que tigrillos, pumas, saínos, osos perezosos y hormigueros, iguanas y diversidad de aves, eran observadas con frecuencia en una reserva forestal en Turbana. También, que el verde era el tono natural del ecosistema, así como que el agua de los arroyos corría con facilidad por la zona.
Sin embargo, hoy la realidad es otra, de acuerdo a lo que describen propietarios de fincas en el sector. Los animales han migrado, parte de la vegetación se ha secado y el agua escasea. La situación preocupa a la comunidad debido a que estas afectaciones serían a consecuencia de la actividad minera para la extracción de piedra caliza que hace años realiza muy cerca a la zona la empresa Cementos Argos, compañía que cuenta con licencias ambientales para tal fin, pero que no estaría ofreciendo planes inmediatos de reforestación, según denuncian los residentes de la zona.
“No queremos que la explotación de Argos se extienda hasta Turbana, como pretenden, queremos que se sepa el daño ambiental que ellos están haciendo y no están reparando”, aseguró Norman Echeverría, miembro del Comité de Desarrollo Social de la Junta de Acción Comunal (JAC) “Green Hills”, integrada por residentes de unas 25 fincas del sector.
¿POR QUÉ LO RECHAZAN?
Hay que recordar que la explotación minera en la zona fue inicialmente desarrollada por la Compañía Colombiana de Clinker S.A. (Colcklinker) y luego que la Sociedad Cementos Argos S.A. absorbiera por fusión a Colcklinker, la actividad continúa realizándose a nombre de la segunda empresa, a través de permisos otorgadas por autoridades del orden nacional y local. Actualmente, Argos cuenta con dos licencias ambientales para la intervención de dos títulos mineros allí y confirmaron a El Universal que siguen analizando la posibilidad de ampliar dichas licencias a Turbana, como indicaron los residentes de la zona.
De hecho, hace más de un año los miembros de la JAC fueron citados por la empresa a una reunión relacionada con el tema, luego de ocurrir un incidente entre el propietario de una de las fincas y empleados de la cementera durante sus labores.
“Cuando les dieron las licencias a la empresa, se las dieron sin ser propietarios de las tierras, les dieron el subsuelo. Entonces, lo que pretenden ahora y han hecho en algunos sitios donde no han podido comprar la tierra, es ir excavando por debajo y han llegado a varias fincas así. Están llegando a las fincas con sus ingenieros forestales, arqueólogos, geólogos, y dicen que ellos tienen derecho de hacerlo para realizar sus estudios porque son dueños de una concesión. Por eso uno de los asociados a la JAC tuvo que sacarlos de su finca, por lo que fue demandado por supuestas actividades perturbatorias, que se logró comprobar que no existían, ya que él es dueño de ese predio”, explicó Graham Binns, presidente de la JAC.
Binns continuó advirtiendo que en la reunión “nos explicaron lo que estaban haciendo y nos dijeron que estaban solicitando la ampliación de su licencia hasta Turbana. Nosotros no estuvimos de acuerdo, porque explicaron los daños que están provocando y lo que pretendían como reparación ambiental, pero en la misma reunión vimos que no han reparado en lo más mínimo, ya que las resiembras de vegetación que están haciendo son en otras zonas lejos de aquí, como en Marialabaja, El Carmen de Bolívar y hasta en el Amazonas. Es decir, destruyen aquí y reforestan en otros sitios”.
PREOCUPACIÓN POR EL AGUA
La comunidad considera que la posibilidad de ampliación de la licencia hasta Turbana, además de afectar a los miembros de la JAC, perjudica a pequeños ganaderos y parceleros, quienes se estarían desplazando de la zona por el impacto ambiental.
“No han tenido en cuenta que esta es una zona climática y ecológicamente frágil, este es un bosque seco tropical estacional o una transición al bosque subxerofítico, que son bosques en peligro de extinción. Además de las especies que han migrado porque no hay vegetación, nos preocupa mucho que nos estamos quedando sin agua y no podemos sostener una reforestación sin agua, aquí casi no hay aguas de escorrentía, son muy pocos los arroyos que quedan, se han ido secando. Hay personas que ya han perdido sus pozos, ya no dan agua sino en época de invierno. El agua ahora se está encontrando perforando pozos solo hasta a 80 metros”, mencionó María del Mar Escobar, del Comité Ambiental de la JAC.
No obstante, la JAC “Green Hills” aseguró que “la posición no es estar en contra de las empresas y decir que son nuestros enemigos, la idea es mirar propuestas y alternativas para que este sea un sitio agradable, pensando en el futuro de la región y la gente que vive aquí”.
EVALÚAN AMPLIAR LICENCIA
Además de confirmar que persiste la intención de ampliar sus licencias hasta Turbana, Argos comunicó a este medio que en caso de que se haga “seguiremos el debido proceso establecido por las autoridades ambientales desarrollando las actividades pertinentes que este contempla, entre ellas: la realización de un estudio de impacto ambiental, socialización con la comunidad, trabajos de campo para la recolección de información, determinación de impacto y medidas de control para la prevención, mitigación y control de los impactos, establecimiento de planes de manejo ambiental, de seguimiento ambiental, de contingencias y de compensación, radicación de la solicitud, entre otros aspectos”.
Tomás Restrepo, vicepresidente de la Regional Colombia de Argos, aseguró que en cuanto a la reparación ambiental “desarrollamos acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación, como el riego de vías y la instalación de filtros de mangas en equipos como la banda transportadora y las trituradoras para evitar la emisión de material particulado, aplicación de controles de velocidad, monitoreo semestral de la calidad del aire, cobertura de la totalidad de la banda transportadora, protección y rescate de fauna previo a la intervención, piscinas de almacenamiento de aguas residuales no domésticas que son implementadas para el riego de vías, sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas, almacenamiento y conservación de la capa de suelo orgánico e implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos de la compañía para reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados, entre otras medidas”.
Agregó que “finalizado el proyecto en la mina se plantea un cierre del área intervenida acorde al Plan de Ordenamiento Territorial, que en general incluye la remodelación del terreno, la conformación del drenaje para el manejo de aguas lluvias, recubrimiento del terreno con suelo y revegetalización en zonas determinadas”, manifestando que esa intervención se realiza siguiendo “cuidadosos estándares y procesos para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos ambientales”.
Aunque los residentes del sector afirmaron que la empresa cuenta con una licencia de explotación de casi mil hectáreas, de las que se estarían explotando cerca de 40, la empresa no precisó la extensión de dicho permiso. Este medio también consultó a Cardique al respecto y no hubo respuesta.
