La Universidad Indígena Intercultural de Colombia, con sede en Montería, sigue con el proceso de matrículas abiertas pese a que el Ministerio de Educación Nacional dijo que este no era legal y que la institución deberá cerrar sus puertas.
Los directivos de la Universidad indican que la decisión del Ministerio no le apuesta a la inclusión en este país y que están brindando la oportunidad de estudios a muy bajos costos para los indígenas, los afros y la comunidad que no está en condiciones de pagar una tarifas altas en las universidades privadas.
La secretaria general de la institución, Carmen Elena García, dijo que están cobijados por la autonomía indígena y que el Ministerio no puede desconocer su existencia porque tienen consignaciones hechas para el trámite de la personería y de los registros calificados de las carreras que están ofertando que son Derecho, Medicina, Sicología y Trabajo social.
"Vamos a continuar con el proceso de matrículas y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar que el Ministerio de Educación está en contra de las minorías étnicas", dijo la funcionaria.
Por su parte, la secretaria jurídica de la Universidad Indígena, Luz Elena López, sostuvo que desde el 2013 se están haciendo los trámites para obtener la personería y los registros y que es el Ministerio de Educación el que ha demorado el proceso.
No descartó la posibilidad de hacer convenios con otras universidades con el fin de resolver la situación de los estudiantes para que les acrediten el título, mientras ellos se enfrentan jurídicamente al Ministerio en aras de legalizar la situación.
Solicitarán la nulidad del acto administrativo y no descartan acciones de tutela, aduciendo violación al derecho a la educación y a la inclusión social.
En ese mismo sentido se pronunció el rector Elías José Villalba quien dijo que están dispuestos a demandar al Estado por estafa toda vez que ellos pagaron por los trámites y es el Ministerio el que no ha cumplido. También dijo que acudirán a los organismos internacionales de derechos humanos y descartó de plano la posibilidad de devolver la plata a los estudiantes, asegurando que ellos eran conscientes que la universidad no estaba aprobada.
Habló Ministerio
Con relación a la autonomía indígena de la que hablan los directivos, la viceministra de Educación, Natalia Ariza, indicó que efectivamente el decreto especial 1953 de 2014 permite a las comunidades indígenas crear sus centros educativos, pero ello no los exime de adelantar unos procesos específicos dentro del Ministerio para legalizar la situación y poder obtener el reconocimiento legal.
Insistió en que los semestres cursados por los 732 alumnos no son válidos en ninguna institución de educación superior, avalada por el Ministerio de Educación, y conminó a los estudiantes a no pagar el valor de la matrícula.
Finalmente, dijo que la orden de cierre es inminente y que pese a que hay una apelación en curso, están en proceso para dar una respuesta en el menor tiempo posible.
