Los 17 mil estudiantes que atiende el departamento de Córdoba mediante el sistema de educación contratada están en vilo, pues no se pueden contratar los docentes porque el país está en ley de garantías.
Cerca de 500 docentes contratados bajo la figura de un operador están esperando que el Gobierno tome decisiones que permitan solucionar el problema y así garantizar la jornada académica normal en todas las instituciones de educación en los municipios no descentralizados.
De acuerdo con lo señalado por el secretario de educación de Córdoba, William Tapia, el Gobierno nacional está estudiando la posibilidad de expedir una circular interna donde se establezcan los parámetros para que las entidades regionales decreten la emergencia educativa y facilitar de esa manera el proceso de contratación de los docentes que atienden a la población no escolarizada.
Sostuvo que posibilidad se analizó en una mesa técnica adelantada en el Ministerio de Educación en la que además participaron representantes de las comunidades indígenas a quienes fundamentalmente está dirigido ese tema.
“La virtual emergencia educativa se decretaría frente a las limitantes que señala la ley de garantías electorales frente al tema de la contratación”, indicó el funcionario.
Hay que indicar que a los 17 mil estudiantes que se refiere el secretario son los que están por fuera del sistema educativo oficial.
Esta población es atendida por algo más de 500 docentes que se emplean a través de un operador o empresa seleccionada por el departamento para tal fin.
El titular de la cartera educativa explicó que en Córdoba los estudiantes matriculados sobrepasan las proyecciones del Ministerio de Educación Nacional, que eran de 222 mil estudiantes, pues hay aproximadamente 240 mil, de tal forma que esa sobreoferta debe ser atendida con maestros contratados por empresas privadas o banco de oferentes.
La idea es que los bancos de oferentes se encarguen de contratar a los maestros y enviarlos a los sitios donde no hay oferta educativa formal. Sin embargo, la Gobernación debe escoger el banco de oferentes y contratar con ellos.
Por lo pronto la ley de garantías no permite que se haga efectivo ese proceso y por ello buscan una solución para no perjudicar a los estudiantes señalados.
