La boleta que otorgaba la libertad a cuatro presuntos miembros de la banda criminal 'Los Urabeños', presos en la cárcel de Pedregal de Medellín, no tenía el membrete del juzgado promiscuo de Canalete, Córdoba.
“Esa era una primera señal que debían atender los del centro de servicio en Medellín”, indicó el juez promiscuo del municipio de Canalete, Ángel Castro Durán, cuya firma aparece en la orden de libertad a Nini Johana Usuga David, alias ‘la Negra’, hermana de Darío Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, y de Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merardo Peña Bautista, quienes recuperaron su libertad el pasado 27 de diciembre, al parecer, con una orden falsa.
“Yo estaba de vacaciones colectivas, al igual que todos los jueces promiscuos del país, desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero, de tal forma que es imposible hacer una audiencia de vacaciones”, dijo el funcionario judicial, quien instauró una denuncia contra desconocidos.
Señaló que hay una serie de inconsistencias que se deben investigar, como el hecho de haber enviado el fax desde un teléfono que no es del juzgado, ni del juez, ni de la secretaria.
Agregó que el fax fue enviado a las cinco de la tarde y en el centro es recibido a las 4:45, es decir no coinciden los horarios.
“Creo que los del centro de servicio de Medellín se apresuraron porque debieron constatar de forma real si esa orden era legal. Era simplemente comunicarse a través del Consejo Seccional de la Judicatura y pedir mi teléfono”, enfatizó el juez, explicando que le dijeron que se habían comunicado era con la Alcaldía y que alguien les contestó y les dijo que efectivamente el juez estaba al lado y lo comunicaron.
Inicialmente llegó a Medellín una orden firmada por Natalia Campos Bernal, supuesta secretaria del juzgado, pero por medio de una llamada le pidieron que la firmara el mismo juez. A los pocos minutos tenían el documento firmado, supuestamente por el titular del despacho, y dejaron en libertad a las cuatro personas capturadas por la Unidad contra las Bandas Emergentes en un operativo que permitió la incautación de ocho mil millones de pesos.
Como se recordará, por este caso fue destituido el director de la cárcel de Pedegral de Medellín y hay una juez de la capital de Antioquia investigada por el mismo hecho.
