María Andrea Navarro González, la polémica juez del municipio de Puerto Libertador que tiene 16 investigaciones, fue destituida de su cargo e inhabilitada por 10 años para ejercer funciones.
La decisión, de primera instancia, la tomó el Consejo Seccional de la Judicatura luego de una investigación adelantada tras la denuncia formal del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en el sentido que la funcionaria estaba dejando en libertad a todos los miembros de las bandas criminales que pasaban por su despacho.
De igual forma, Navarro González era investigada porque estando suspendida dejó en libertad a un recluso que se encontraba en la cárcel La Picota de Bogotá, mediante un fallo de tutela con resolución falsa.
Además de lo anterior, el número de radicación de la tutela con la que fue dejado en libertad el detenido correspondía al de otra tutela interpuesta a Colpensiones.
La Fiscalía inició la investigación aduciendo fallo de tutela falso por haber ordenado, sin el lleno de los requisitos y sin tener potestad, la casa por cárcel a Rodríguez León, quien había sido capturado en marzo de 2011 en una operación contra el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y concierto para delinquir.
La misma juez fue la encargada de ‘tumbar’ el proceso de intervención de Emdisalud a través de un fallo de tutela interpuesta por las directivas de la empresa social del Estado en mención.
Otra de sus polémicas decisiones puso en vilo el concurso para escoger al gerente del Camu de Puerto Libertador porque mediante vía tutela reconoció como ganador a un aspirante que no había llenado los requisitos exigidos.
Finalmente la funcionaria judicial es investigada por haberse apropiado de 70 millones de pesos de unos títulos valores del camu Divino Niño de Puerto Libertador.
