El Gobierno Nacional reconoció este martes que las víctimas de la hacienda Las Pavas, ubicada en el municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, no son falsas y decidió levantar la restricción sobre el predio de 1.300 hectáreas, que había sido impuesta por la fiscal especializada de Cartagena Myriam Martínez.
La disposición gubernamental, a través de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas, favorece a 464 personas de 124 familias que fueron desplazadas y despojadas por la violencia de los paramilitares que azotó esa parte del país.
El representante de la Defensoría del Pueblo, Juan Manuel Osorio, dijo que por más de una década la justicia debía llegar a la Hacienda Las Pavas, “es una satisfacción enorme saber que el Estado cometió un error. Es un caso ejemplar que nos sirve de norte para las instituciones del país”.
Los señalamientos contra las víctimas de Las Pavas se dieron en 2011 cuando la fiscal especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, recibió la denuncia de Pedro Moreno Redondo quien aseguró, según la revista Semana, que las 131 familias desplazadas no lo eran.
La denuncia que se había guardado por muchos años aseguraba que nunca las AUC del Bloque Central Bolívar, ni ningún otro bloque, llegó hasta los predios de la finca y que no había habido desplazamiento.
El anuncio del levantamiento de la restricción impuesta por la fiscal fue anunciado este martes por la Unidad Nacional para la Reparación y Atención a las Víctimas.
