Los magistrados cordobeses Ramón Jáller Dumar y Miguel Mercado Vergara serán investigados por el Consejo Superior de la Judicatura por denunciar presuntas falsas amenazas.
Se trata de una indagación preliminar iniciada por la sala disciplinaria del Consejo en contra de los dos magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba por presunto fraude en las amenazas denunciadas en contra de su vida.
De acuerdo con lo señalado por voceros del ente investigador, ellos dijeron estar amenazados, al parecer, para no seguir adelantado varios procesos sobre los millonarios desfalcos a la salud y a la educación en el departamento de Córdoba.
El objetivo de la indagación preliminar es determinar si hubo irregularidades en la solicitud de cambio de radicación de 30 procesos, que hicieron en octubre de 2012 por las supuestas amenazas contra su vida.
Una vez los dos magistrados cordobeses dijeron que sus vidas corrían peligro, al igual que las de sus familias, la autoridad competente, en este caso el Consejo Superior de la Judicatura, ordenó que se cambiara la radicación de varios procesos y le solicitó a la Policía Nacional hacer un estudio de seguridad a los funcionarios judiciales para brindar las garantías que necesitaban para continuar administrando justicia.
Policía hace estudio
La Policía de Córdoba, atendiendo la solicitud del Consejo de la Judicatura, hizo el estudio de riesgos y analizó por varias semanas la situación en la que decían estar implicados los dos magistrados.
Al cierre del estudio concluyeron que los magistrados no estaban amenazados y que no existía ningún riesgo en contra de sus vidas, ni la de sus familias.
Ante esa situación, la Sala, con ponencia de su presidente Wilson Ruiz Orejuela, decidió iniciar una investigación y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue penalmente a los mencionados funcionarios judiciales.
Hasta el momento se desconoce con exactitud cuáles fueron los procesos a los cuales los magistrados les estarían “sacando el cuerpo”. Sin embargo, se indicó que se trata investigaciones por fallos de jueces sobre millonarios desfalcos de recursos de salud y educación, entre ellos, el del denominado “cartel de la educación”, mediante el cual timaron a la Nación cerca de 64 mil millones de pesos.
El Universal trató de establecer contacto con los dos magistrados con el fin de conocer su posición en torno a la denuncia, pero no fue posible.
