Los 64 mil millones de pesos que desembolsó el Estado a un grupo de profesores de Córdoba por concepto de pensión, con resoluciones falsas, tendrán que ser devueltos.
La Fiduprevisora, entidad que maneja los recursos al Fondo de Prestaciones del Magisterio, instauró 210 demandas contra los maestros que participaron en lo que se ha denominado el “carrusel de la educación” y que tiene a nueve abogados tras las rejas y a cinco más huyendo de la justicia.
La situación es compleja si se tiene en cuenta que la mayoría de los profesores no recibieron ese dinero, pues los poderes utilizados por los abogados eran falsificados por estos, al igual que las resoluciones que se expidieron en la Secretaría de Educación de Córdoba.
Como se recordará el Fondo de Prestaciones del Magisterio pagó 64 mil millones de pesos por concepto de pensiones a maestros que habían cumplido 50 años de edad y 20 años de servicio, sin que tuvieran derecho a la misma.
Esa plata se desembolsó luego de un contubernio entre funcionarios de la administración departamental, jueces y abogados de Córdoba.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba admitió las demandas para que se anulen las resoluciones de pago y los titulares que recibieron la plata la devuelvan a las arcas del Gobierno.
La Fiduprevisora aduce que el dinero se desembolsó sin que los profesores tuvieran derecho a la misma y sin que mediara una orden por parte del Fondo Nacional del Magisterio y peor aún fueron expedidas por la Secretaría de Educación de Córdoba sin que se surtiera el trámite correspondiente, es decir, sin que la Fiduprevisora lo autorizara.
Como se recordará el Juzgado promiscuo del circuito de Planeta Rica jugó un papel importante en este proceso del carrusel de pensiones hasta el punto que el juez Ángel Aycardy está preso y tiene que pagar la suma de 28 mil millones de pesos.
Dentro de las irregularidades se indicó que los poderes eran falsos y todos tenían el mismo error de ortografía, también falsificaron el sello de la dirección seccional de administración de justicia y se detectó que los modelos de resolución presentados por los abogados demandantes de la educación en Córdoba no son los mismos al original del Fondo Nacional del Magisterio.
Estos hacían el trámite en el juzgado de Planeta Rica, que era el único que admitía ese tipo de demandas y además autorizaba el embargo de las cuentas inembargables y lograban una resolución de pago, supuestamente a favor de los docentes que les habían entregado poderes, pero que también eran falsos.
Así las cosas, la plata nunca llegaba a manos de los supuestos demandantes sino que se quedaba en poder de los abogados quienes lograron amasar grandes fortunas. Sin embargo, tendrán que demostrarlo ante las instancias judiciales correspondientes.
