Seis jueces fueron suspendidos en Córdoba por actuaciones irregulares con relación a la liquidación e indemnización de extrabajadores de Telecom, caso que se conoce como “el cartel de las Tucson”.
Los implicados en el proceso son: el juez promiscuo del circuito de Ayapel, Luis Manuel Castillo Mercado; el exjuez promiscuo de San Antero, Óscar Páez; la exjuez de familia de Lorica, Blanca Rosa Ramos; el juez promiscuo de Canalete, Ángel Castro Durán; juez promiscuo de Moñitos, María Auxiliadora Vergara Arrieta y el juez promiscuo de Lorica, Álvaro Chica Yánez.
Con relación al caso del juez promiscuo de Ayapel, Luis Castillo Mercado, se indicó que fue suspendido por el Consejo Seccional de la Judicatura y condenado por la Corte Suprema de Justicia a tres años de prisión como autor del delito de prevaricato por acción debido a que ordenó el pago de millonarias sumas de dinero a los abogados demandantes que eran apoderados de los extrabajadores de Telecom y ordenó el embargo de dineros provenientes de regalías para hacer efectivo esos pagos.
Por su parte, el exjuez promiscuo de San Antero Óscar Páez, quien se encuentra pensionado, fue sancionado e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos. Éste apeló una decisión de primera instancia y su caso pasó al Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
A la exjuez de familia de Lorica, Blanca Rosa Ramos, quien apeló la suspensión, ya le adelantaron una audiencia y en esa oportunidad no dictaron medida de aseguramiento.
Con relación al caso del juez promiscuo de Canalete, Ángel Castro Durán, también está esperando un fallo de segunda instancia por parte del Consejo Superior de la Judicatura tras apelar el fallo de suspensión e inhabilidad por 10 años.
María Auxiliadora Vergara Arrieta, juez promiscuo de Moñitos, y Álvaro Chica Yánez, juez promiscuo de Lorica, apelaron los fallos de primera instancia.
Pese a que hay seis jueces con fallos de primera instancia, se conoció que hay otros a los que se les adelanta un proceso de investigación. Entre ellos figuran la jueza promiscua municipal de Ayapel, Margarita Urquijo, y el exjuez cuarto penal municipal de Montería, Alfonso José Hoyos Gómez, quien ordenó el embargo de $1.500 millones pese a que un fallo de segunda instancia había advertido la irregularidad del hecho. A este juez lo investigan la Dirección Nacional de Fiscalías y el Consejo de la Judicatura de Córdoba.
Otros jueces investigados son el promiscuo de familia del circuito de Sahagún, Miguel Burgos Iglesias, quien ordenó el embargo de cuatro mil millones de pesos de las cuentas de Telecom, Iván Elías Bader, Francisco Daza Ramírez, Lía Ojeda Yépez, Irma Padilla, Ana Cecilia Arias y Eduardo Ojeda.
Hay que indicar que este último proceso ha salido dos veces del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y dos veces ha sido devuelto.
