Valentina no entendía en la mañana de ayer porqué le desarmaban la casita de tablas en donde había vivido durante los últimos tres meses y expresó su inocente inconformidad mientras desalojaban el predio La Floresta en el barrio Villa Juana de la ciudad de Sincelejo.
Y es que la niña, de 3 años de edad, fue una de las personas afectadas con la medida ordenada por el fallo de segunda instancia de una tutela que autorizó al Gobierno local a desalojar a las 250 familias que se habían tomado esa propiedad.
De nada sirvieron los gritos, el llanto y los gestos de la menor que reclamó insistentemente una explicación, pues el desalojo, ya anunciado por la Administración municipal se desarrolló apoyado en la decisión del Juzgado segundo Penal del Circuito de Sincelejo.
Durante la triste jornada, apoyada por la Policía, la mayoría desalojó el predio de manera voluntaria en las primeras horas de la mañana, pero otros pocos se rehusaron a salir de la propiedad y se les dio un plazo hasta la 1:00 de la tarde para que lo hicieran.
Al final, el objetivo asignado a la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Sincelejo, Mónica Vergara, se cumplió y la funcionaria indicó que las familias que estén en condiciones de extrema vulnerabilidad recibirán un auxilio de la Alcaldía.
No dijo cuántas de las familias que ocuparon el terreno serán las beneficiadas por extrema vulnerabilidad, pero se conoció que no serán todas, pues existen algunas que reciben el apoyo del Estado a través de otros programas e incluso hay otras que no tienen necesidad de vivienda.
Vergara Mercado, en representación del Gobierno local, explicó que la Alcaldía apoyará con un mes de arriendo a las familias que presenten los casos más extremos, como es el caso de mujeres embarazadas y personas con dificultades de movilidad.
El primer fallo
En el fallo de primera instancia se autorizaba el desalojo, pero exigiendo que los invasores fueran llevados a un albergue provisional o subsidio de arrendamiento por tres meses, mientras se determinaban las condiciones de cada una de las familias destechadas.
Sin embargo, el municipio de Sincelejo apeló esta decisión rechazando tal exigencia, aduciendo que no estaba para ofrecerles a los invasores albergue o subsidio de vivienda por el mencionado tiempo.
El Gobierno local en su apelación señaló además que solamente podía apoyar a quienes eran desplazados por la violencia y no recibían aportes del Estado, pero encontró que las 44 familias desplazadas que ocupaban el globo de terreno ya reciben recursos por esa condición.
