La audiencia de imputación de cargos a los abogados del “carrusel de la educación”, Luz Helena Polo y Libardo Morales, reveló algunos detalles, hasta ahora desconocidos, de la forma cómo operaba el equipo de abogados y jueces con el que pretendían timar al Estado por una suma cercana a los 255 mil millones de pesos.
Las demandas presentadas por los abogados ascendían a la suma antes señalada. Sin embargo, sólo alcanzaron a pagarse $64 mil millones del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, luego de las demandas que hicieron 14 abogados, en complicidad con el juez de Planeta Rica, Ángel Aycardi, y funcionarios de la Gobernación de Córdoba.
Dentro de las irregularidades citadas por el juez penal municipal de control de garantías se indicó que los poderes entregados por los supuestos demandantes, que eran profesores de la denominada Ley 20/50, tenían los mismos errores de ortografía. Ese hecho hizo suponer a la Fiscalía que algo andaba mal.
También falsificaron el sello de la dirección seccional de administración de justicia y se detectó que los modelos de resolución presentados por los abogados demandantes de la educación en Córdoba no son los mismos al original del Fondo Nacional del Magisterio.
Hacían el trámite en el juzgado de Planeta Rica, que era el único que admitía ese tipo de demandas y además autorizaba el embargo de las cuentas inembargables y lograban una resolución de pago, supuestamente a favor de los docentes que les habían entregado poderes, pero que también eran falsos.
Así las cosas, la plata nunca llegaba a manos de los supuestos demandantes sino que se quedaba en poder de los abogados quienes lograron amasar grandes fortunas.
Los resultados de la investigación motivaron una orden de captura contra los implicados en el carrusel de la educación. Sin embargo, tres días después quedaron en libertad por errores en el procedimiento para ponerlos a disposición de un juez de garantías. Hoy varios de ellos huyen de la justicia.
Detalles de la audiencia
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía indicó que todas las demandas fueron instauradas ante el mismo juzgado de Planeta Rica y que se nota que hubo un acuerdo entre los abogados y el juez.
De igual forma se indicó que el abogado Óscar Vidal aparece en 11 de los procesos multimillonarios del carrusel en Planeta Rica, mientras que el abogado Lefter Herrera demanda tres casos, pero luego renuncia al poder y estos son asumidos por Gustavo Rhenals Nova, quien además hace nuevas demandas.
Con relación a los hermanos Heliodoro y Jaime Agámez Pineda se indicó que estos tienen la mayoría de las demandas y que algunos poderes fueron cedidos al abogado Alfredo Agámez, hijo de Heliodoro.
En la misma audiencia se mencionó el nombre de Tony Luna, exfuncionario de la Gobernación, quien se allanó a los cargos. Luna se convirtió en el eslabón dentro de la administración departamental para fraguar el fraude.
La Fiscalía también reveló que el abogado Luis Carlos Sampayo, miembro del carrusel, recibió poderes utilizando una tarjeta profesional falsa. El Consejo Superior de la Judicatura logró comprobar que dicha tarjeta pertenecía a la abogada Nelly Esperanza López Rodríguez, quien fue interrogada por la Fiscalía y advirtió que ella nunca había firmado esos documentos.
En el mismo proceso también fueron falsificadas las firmas de la exsecretaria de Educación, Estela Álvarez, y del exsecretario de gestión administrativa Manuel Jiménez Bula.
Inicialmente la demanda estaba dirigida contra la Nación y el Ministerio de Educación, pero luego los abogados excluyeron estos dos organismos y sólo la hicieron contra la Fiduprevisora que finalmente terminó desembolsando la millonaria suma.
El cambio de las demandas fue masivo y un día después todas fueron admitidas por el mismo juzgado de Planeta Rica.
El abogado Libardo Morales en una sola demanda representa a 258 docentes para los cuales reclamó la suma de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, de esta cifra no se alcanzó a desembolsar un solo peso.
El proceso continuará en los estrados judiciales, pese a la treta de varios abogados de faltar a las audiencias con el fin de dilatarlas.
