“El nuevo asilo de Montería es un monumento a la mediocridad y a la irresponsabilidad”.
De esa forma tajante se refirió la directora del asilo, hermana Rosa Emilia Nájer, a los asistentes a un debate en el Concejo de Montería donde se prendieron las alarmas por la crisis financiera de la entidad y por el riesgo que corren 56 ancianos de quedarse en la calle.
A esa nueva edificación le han invertido cerca de 2.400 millones de pesos y aún no está apta para que los ancianos sean trasladados a la misma, pues se hizo un edificio de cuatro pisos, sin rampas y sin ascensor.
Corriendo el riesgo de ser amonestada por sus superiores, la religiosa dijo que los encargados del diseño y construcción del proyecto, bajo la responsabilidad de la arquitecta Lina Muñoz, pensaron en todo menos en los ancianos, que son el objetivo principal de la construcción.
“La culpa de la situación actual que vive el asilo es la mala inversión de los recursos”, señaló la religiosa, sin pretender señalar culpables. Sin embargo, en reiteradas oportunidades dijo que el único encargado del manejo de los dineros había sido el anterior obispo, monseñor Julio César Vidal.
Múltiples irregularidades
El proceso de construcción de un nuevo asilo se dio tras la venta que hiciera de la antigua edificación, el obispo Julio César Vidal a la Alcaldía de Montería.
La venta fue por 1.600 millones de pesos pese a que es un lote de 11 mil 400 metros cuadrados.
Según la religiosa, en el sitio, según consultas hechas con especialistas, el metro cuadrado cuesta cerca de un millón de pesos.
“Las escrituras son ambiguas y oscuras”, precisó la religiosa señalando que en la mismas aparece un lote de 4.500 metros cuando en realidad mide más de 11 mil.
“Esto no va por buen camino y no estoy de acuerdo con el traslado de los ancianos porque ese terreno comprado en Mocarí es apto pero para hacer lagunas con peces”, dijo en tono enérgico la religiosa, aduciendo que además la nueva sede está ubicada en un sitio lejano e inseguro.
Concejal ponente
El concejal ponente del proyecto Amaury Contreras hizo duras críticas a la administración del exalcalde Marcos Daniel Pineda por las irregularidades en la compra del lote.
También calificó de inconsistente un estudio hecho por la Universidad Pontificia Bolivariana en el que emitía un concepto sobre la imposibilidad de ampliar el asilo en el sitio en el que se encontraba.
Criticó en forma enérgica la decisión de la anterior gobernadora, Marta Sáenz, de cambiar la distribución de los recursos que se recaudaban por la estampilla proancianato, señalando que ello se había hecho sin tener en cuenta el número de ancianos que tenía cada uno de los asilos que funcionan en Córdoba.
Dijo también que el asilo necesita 56 millones de pesos mensuales para funcionar y que hay meses, según el recaudo de la estampilla, que sólo le corresponden cinco millones, situación que lo ha llevado a tener un déficit cercano a los 133 millones de pesos y a sostener una deuda con los trabajadores a los que no se les paga el sueldo desde hace ocho meses.
Actitud ramplona
Por su parte, el presidente de la junta directiva del asilo, Jaime Pineda, endilgó la responsabilidad de la crisis a la anterior gobernadora Marta Sáenz.
“En una forma ramplona igualó a todos los asilos y Montería pasó de recibir el 75 por ciento de los recursos a sólo el 17 por ciento y allí fue donde se generó la crisis”, indicó Pineda, reiterando que los dineros fueron ilegalmente reducidos.
Con relación a la construcción del nuevo ancianato dijo: “La obra estuvo en manos del obispo. Yo no manejé los recursos y no sé cómo se administró la obra. Sé que se tomaron los recursos ahorrados en un CDT para resolver problemas financieros”, puntualizó.
Ante las afirmaciones de Pineda la directora del asilo dijo: “La culpa no es de la gobernadora Marta Sáenz sino de la mala inversión”.
