La presencia de bandas criminales en la zona del Nudo del Paramillo causó el desplazamiento de 14 familias de Santa Isabel del Manso, zona rural de Tierralta.
Luego de la incursión de varios hombres armados, quienes con lista en mano se llevaron a varios pobladores de la zona sin que hasta el momento se conozca su paradero, varios pobladores huyeron en estampida ante la posibilidad de ser atacados por miembros de bandas criminales al servicio del narcotráfico que operan en la zona.
Las 14 familias llegaron ayer al casco urbano de Tierralta, pero han preferido guardar silencio ante las autoridades cuando son cuestionados acerca de lo que ocurrió el jueves anterior en la vereda, hecho que motivó la versión de una presunta masacre.
Dentro de las personas que llegaron a Tierralta se encuentra el presidente de la junta de acción comunal de Santa Isabel del Manso, Clímaco Pitalúa, quien confirmó una incursión armada en la localidad.
El hombre llegó con un brazo fracturado y con signos de tortura. Explicó a las autoridades que fue sacado a la fuerza de su residencia por un grupo de hombres armados, pero que en un descuido de éstos logró huir en medio de las montañas y ayudado por varios campesinos de la zona.
El vocero comunal fue recluido en el hospital San José de Tierralta y en las primeras horas de ayer fue trasladado a un centro asistencial de Montería donde está siendo vigilado por las autoridades para evitar que atenten contra su vida.
Tres desaparecidos
Las personas que se desplazaron desde el Nudo del Paramillo confirmaron que actualmente hay tres pobladores de la zona desaparecidos.
Indicaron que el jueves en la noche varios hombres, al parecer miembros de la banda criminal Los Urabeños, llegaron a la vereda y se llevaron a varios de los habitantes. Algunos de ellos fueron–devueltos pero se quedaron con alias el “Flaco”, su esposa Carmen y una tercera persona cuya identidad no fue revelada. El líder Pitalúa se escapó, mientras que otro vocero comunal llamado Rodrigo Ortiz fue dejado en libertad.
Los desplazados han sido atendidos por la unidad especial de Tierralta y han contado con el acompañamiento de la defensora comunitaria Doris Giraldo, quien les prohibió dar declaraciones a los medios de comunicación aduciendo que es una forma de preservar sus vidas.
