La investigación por el carrusel de pensiones falsas en el magisterio debe ampliarse a los funcionarios de la Fiduprevisora y del Fondo de Prestaciones del Magisterio.
La sugerencia fue hecha por el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien señala que ese presunto desfalco, que asciende a 450 mil millones de pesos, no lo hicieron en Córdoba sin la complicidad de funcionarios de ambos organismos.
Agregó que en el cobro de falsas pensiones y los cobros irregulares de prestaciones sociales están implicados funcionarios de la administración departamental a quienes les abrieron un proceso de investigación interna, profesores, abogados y jueces.
Como prueba de ello se refirió a la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suspender de sus funciones durante tres meses al juez promiscuo de Planeta Rica, Ángel Aicardy, quien ordenó el embargo de las cuentas del Fondo de Prestaciones del Magisterio, tras un litigio que supera los 125 mil millones de pesos.
“Nosotros manifestamos que había funcionarios del Departamento involucrados en estos hechos, al igual que jueces, abogados y empleados pero también creemos que hay empleados de la Fiduprevisora y el Fomag, Fondo de Prestaciones del Magisterio, que es quien finalmente termina pagando las multimillonarias demandas”, afirmó el mandatario seccional.
“El país debe tener claro que estas denuncias no se originaron en Bogotá, que este carrusel fue identificado en el departamento de Córdoba y denunciado entre otros por mí lo cual constituye una muestra de la lucha que hemos dado y seguiremos dando de manera frontal contra la corrupción”, precisó el jefe del gobierno departamental.
