La Gobernación de Córdoba tenía que impugnar ante la justicia contenciosa los actos administrativos que contenían el reconocimiento de derechos que se hicieron valer a través de los embargos ordenados por un juez de Planeta Rica.
Así lo indicó el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, Alvaro Díaz Brieva, quien señaló que no es justo que a los consejos seccional y superior de la judicatura les endilguen la responsabilidad de los desfalcos que se han cometido con el erario del Departamento.
Explicó que de todas formas los organismos en mención están adelantando las investigaciones correspondientes con el fin de establecer la responsabilidad del juez promiscuo del municipio de Planeta Rica, Ángel Aycardi Galeano, referente a los embargos que el funcionario ha dictado contra los dineros del Fondo de Prestaciones del Magisterio.
Señala Díaz Brieva que actualmente están en la fase de recolección de elementos de convicción para poder adoptar las decisiones de rigor, aduciendo que en materia judicial no puede decidirse si no se cuenta con el respectivo material probatorio.
Sostuvo que tanto las investigaciones disciplinarias y penales en sus fases iniciales están amparadas por la reserva buscando con ello la presunción de inocencia de la que goza cada ciudadano.
Concretamente en este caso, explicó el funcionario, se procedió a integrar por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba en un solo proceso todo lo que se venía investigando porque se constató que se trataba de los mismos hechos.
Finalmente sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura asumió todas las investigaciones y actualmente cursan en Bogotá.
