Luego de las denuncias de corrupción en la secretaría de educación hechas por el Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, la Procuraduría emitió un fallo de primera instancia.
En el mismo señala que dos funcionarios, Tony Luna Espitia y José Miguel Chica, quienes trabajan en dicha dependencia, sería los facilitadores de los procesos irregulares que se han venido denunciando al interior de dicha dependencia.
A Luna lo inhabilita por 12 años y a Chica, quien fungió como secretario de educación encargado en el 2007 cuando era gobernador Jaime Torralvo, por seis.
En el mismo fallo, la Procuraduría solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura que investigue a los abogados Guillermo Raúl, Rhenals Nova, Lorna Cecilia Martínez Vélez, Daniel Eduardo López Palencia y Jaime Agámez Pineda.
De igual forma se refiere a la necesidad de investigar a José Luis Cortés Perdomo, abogado del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduciaria La Previsora.
En el mismo proceso el organismo de control insiste en la necesidad de investigar a tres jueces de la República que fallaron a favor del pago de las pensiones de los maestros.
También pide que la Procuraduría delegada investigue disciplinariamente a la asesora del Ministerio de Educación Gloria Amparo Romero Gaitán.
La Procuraduría que en esta sección del país dirige Ramiro Nassif envió copia del proceso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones pertinentes.
Esta investigación en especial se dio luego del reconocimiento de los derechos pensionales a 66 profesores durante la administración del ex gobernador Torralvo, documento que sirvió a los docentes para instaurar una demanda contra la administración departamental.
La situación fue puesta en conocimiento ante el Ministerio de Educación que designó al abogado José Luis Cortés Perdomo para que defendiera los intereses de la Gobernación pero este finalmente concilió con los abogados Jaime Agámez Pineda y Guillermo Raúl Rhenals Nova.
Una vez hecha la conciliación, en noviembre de 2010, el juzgado ordenó pagar la suma de 5.560 millones de pesos.
Después se hicieron otras conciliaciones con los abogados Lorna Martínez y Daniel López Palencia.
Será la Procuraduría ahora en Bogotá la que se encargue de definir la situación que a juicio de la regional se convierte en una clara irregularidad.
