Según el Secretario del Interior y presidente del CDAIPD, Roberto Camargo Payares, la medida permitirá adoptar estrategias que accedan a recursos para la aplicación inmediata y el mejoramiento de las familias víctimas del traslado forzado en todo el territorio.
“Con este instrumento, el departamento cuenta con la hoja de ruta idónea para obtener los recursos necesarios para invertir, garantizado la satisfacción y el goce efectivo de los derechos de las personas que por este fenómeno tuvieron que abandonar sus tierras”, dijo Camargo Payares.
“Este es un Plan de vanguardia, en la medida que se incorporó la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dentro del componente de reparación integral a todos aquellos que han sufrido por este flagelo”, aseveró el funcionario.
De esta manera el gobierno departamental, consciente de la responsabilidad social que tiene con todos y cada uno de los bolivarenses, da un paso agigantado en la atención de una problemática que afecta a un poco más del 10% de los bolivarenses.
El presupuesto estimado para este ambicioso proyecto es de $14.800 millones durante los próximos cuatro años, los cuales se obtendrán a través recursos del gobierno departamental, así como también del nivel central y de la cooperación internacional.
Este proyecto le permitirá al próximo gobierno gestionar y ejecutar, desde el primero de enero del 2012, recursos a favor de la población desplazada sin necesidad de esperar la aprobación del nuevo plan de desarrollo territorial.
La medida permitirá además, garantizar vivienda, identificación, aseguramiento en salud y seguridad alimentaria para quienes fueron víctimas de la violencia.
