Con una tutela en la que reclaman el derecho a la igualdad para continuar laborando, más de 50 vendedores del barrio P-5 se opusieron nuevamente al desalojo que la administración municipal intentó realizar para continuar la construcción del parque lineal del sur.La acción legal, en la que exigen que se les reubique en otro lugar para seguir laborando, fue interpuesta ante el juzgado penal de infancia y adolescencia, el cual ordenó el aplazamiento del desalojo y determinará en 10 días hábiles si ampara o no este derecho de los comerciantes.
La comunidad a través de su vocera, Conzuelo Berrío, manifestó que han agotado todos sus recursos para lo-gran conseguir una respuesta de la administración, por esto interpusieron esta terce-ra tutela para que la Alcaldía les garantice su reubicación y no los “dejen en el aire”, ya que la mayoría de los vendedores son madres cabeza de hogar que no tienen otra forma de sustento para sus familias.
“Somos más de 50 personas, madres de familia que exigimos el derecho al trabajo digno, si nos quieren sacar deben reubicarnos en otro lugar, así como en ocasiones anteriores han hecho con otros vendedores”, dijo la vocera de los comerciantes.
Según el personero delegado de los Derechos Humanos de Montería, Libardo Jiménez, la diligencia no se podrá llevar a cabo hasta tanto la jueza del juzgado penal municipal para adoles-centes, quien acogió la acción de tutela, no se pronuncie en los próximos 10 días hábiles que estipuló para dar respuesta y determinar si ampara el derecho a la igual-dad de los vendedores y se le exige a la administración que los reubique.
“El Inspector llegó al sitio a hacer el reconocimiento para iniciar el desalojo, pero la jueza ordenó la suspensión de la diligencia ya que se re-cibió la tutela por el derecho a la igualdad de los comer-ciantes, y entonces se debe esperar el tiempo que el juz-gado determinó para definir la suerte de los vendedores”, afirmó el Personero Delegado.
El inspector tercero municipal, Marceliano Isaza, anotó que esta suspensión del desalojo es provisional y se debe esperar el fallo del juzgado para proceder nue-vamente con la acción de deasalojo.
Ya con esta es la tercera vez que la administración municipal intenta desalojar a los comerciantes, que han interpuesto varios recursos para hacer valer su derecho al trabajo, en estos momentos se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia las tutelas anteriores que fallaron a favor de la administración y es deber de este ente de control hacer su revisión para determinar el fallo final.
Dentro de los próximos 10 días hábiles, el juzgado penal municipal deberá pro-nunciar su fallo.
