Mientras la Personería le insiste al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, que reubique a los vendedores que se encuentran a lo largo del canal del P5, la administración señala que no tiene plata para hacerlo.
Así lo indicó el alcalde en carta enviada al personero de la capital, Édgar Solano Flórez, tras el intento de desalojo que se realizó en el barrio el P5, frente al canal colector de aguas residuales del barrio Mogambo.
“La administración municipal se encuentra en un proceso de reestructuración de pasivos, situación que hace que a la fecha no se cuente con recursos suficientes para atender todas las necesidades de los miembros de la comunidad”, señala Pineda en la respuesta entregada al Personero.
Advierte además que a corto plazo no hay posibilidades de adquirir un inmueble para proceder a reubicar a todas las personas que se encuentran ocupando de manera irregular los bienes de uso público.
Pineda insistió en que la administración está cumpliendo las normas constitucionales y legales que expide el Concejo y entre ellas está la relacionada con el concepto de espacio público y por ello insistió en que es legítima la conducta tendiente a tratar de proteger el espacio público y el legítimo interés de las ciudades de proteger los derechos y los interese de la colectividad.
Posición del Personero
Entretanto la Personería insiste en que la controversia relacionada con la ocupación indebida del espacio público por parte de vendedores informales ha sido objeto de estudio, especialmente porque se contrapone la protección del espacio público frente al derecho al trabajo de quienes lo ocupan indebidamente.
Le señala al mandatario que reconoce las facultades para adelantar dicha recuperación pero lo conmina a que establezca diálogos con los vendedores y que les garantice la reubicación de sus sitios de trabajo en un término que no exceda los 80 días hábiles.
“Hasta tanto no se realicen acuerdos programáticos con estas personas mediante acto administrativo, este ente de control le solicita respetuosamente se abstenga de realizar dicho desalojo con el fin de que el alcalde no incurra en presuntas faltas de tipo penal o disciplinario”, indicó Libardo Jiménez Puerta, personero delegado.
Cabe anotar que en el sector hay por lo menos 59 comerciantes que derivan su sustento de la ocupación que tienen en el área de espacio público.