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Notarios de Córdoba citados a responder por vender predios

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Tres notarios de Córdoba están citados entre el 21 y 23 de septiembre para que respondan interrogatorios tendientes a esclarecer la venta irregular de predios en los Montes de María en el año 2009.
La citación la hizo la Fiscalía a 23 funcionarios entre notarios, alcaldes y funcionarios públicos que serán escuchados en una diligencia que adelantará la Policía Judicial.
Entre los citados figuran Rafael Durango Chaar, notario primero de Montería; Bilardo José Tuirán Ricardo, notario único de Cereté, y Lázaro de León, notario segundo de Montería para la época y quien hoy se encuentra suspendido del cargo tras la investigación por presunto plagio de una tesis de grado en el concurso de notarios que se realizó en el país.
La investigación preliminar señala que sobre los predios vendidos en los Montes de María pesaba una protección de carácter especial, lo cual impedía su venta.
El Incoder ha dicho que no se podían vender grandes extensiones de tierra porque ello contradice la ley en el sentido que los terrenos en zona de reforma agraria no permiten concentración superior a 2.700 hectáreas.
La misma entidad señala que cerca de 20 mil hectáreas de los Montes de María estarían en manos de siete personas pero voceros de la región advierten que serían por lo menos 75 mil hectáreas.
Los mayores compradores de tierras son Manuel Medina Muñetón, José Alberto Uribe, Andrés Felipe Arango, Paula y Claudia Moreno Ángel, Otto Bula y Álvaro Echeverría.
La Fiscalía advirtió además que se logró evidenciar la presencia de autorizaciones falsas firmadas por campesinos y actas falsas en las cuales el Comité de Protección a Desplazados levantaba los amparos para que se pudieran vender las parcelas.

La Fiscalía advirtió que se logró evidenciar la presencia de autorizaciones falsas firmadas por campesinos y actas falsas en las cuales el Comité de Protección a Desplazados levantaba los amparos para que se pudieran vender las parcelas.
La Fiscalía advirtió que se logró evidenciar la presencia de autorizaciones falsas firmadas por campesinos y actas falsas en las cuales el Comité de Protección a Desplazados levantaba los amparos para que se pudieran vender las parcelas.
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