La DIAN, debido a que el municipio de Santa Catalina le adeuda más de mil millones de pesos, procedió a embargar y rematar algunos bienes del ente territorial, especialmente la Sede 3 y la Granja Experimental, perjudicando con esta medida a 1.800 estudiantes que quedaban sin posibilidad de hacer sus practicas, dada la especialidad agropecuaria de la Institución.
Los estudiantes, a través del abogado José Guardo, interpusieron una acción de tutela por el derecho fundamental a la educación, que fue negada dos veces por el Juzgado Cuarto de Familia.
Esta acción fue impugnada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena-Sala Civil de Familia, que a través de la magistrada ponente, Claudia Yolanda Rodríguez, resolvió revocar la sentencia dada por el Juzgado Cuarto de Familia, en el sentido de negar el amparo a los derechos fundamentales a la educación invocados por los estudiantes.
El Tribunal concedió el amparo constitucional implorado por los alumnos, por considerar que la DIAN vulneró sus derechos fundamentales a la educación, al decretar la medida de embargo y secuestro sobre los bienes actualmente ocupados por la Institución Educativa publica del orden departamental.
Se ordenó mediante este fallo a los funcionarios de la DIAN seccional Cartagena que, dentro de las próximas 48 horas, proceda a sanear el proceso de ejecución coactiva adelantado contra el municipio de Santa Catalina.
La institución Felipe Santiago Escobar, por intermedio de su rector, Rafael Castellar Cohen, “agradece a los estudiantes, padres de familia y comunidad en general, lo mismo que a los docentes y directivos, al Gobernador de Bolívar, a la Secretaria de Educación Departamental y al Procurador Jorge Eliécer Rodríguez Herrera sus valiosos aportes para en sacar adelante esta batalla jurídica en defensa de la educación publica”.
