La situación en Lorica está tensa. Al alcalde Ulises Sánchez le abrieron una investigación disciplinaria en la Procuraduría y este a su vez recusó al procurador regional, Ramiso Nassif, aduciendo falta de garantías.
De acuerdo con lo señalado por el abogado encargado de la defensa del mandatario, Remberto Pérez Núñez, el Procurador no les brinda las garantías necesarias en la investigación que le adelanta por la celebración de un contrato de 1.500 millones de pesos para la construcción de un hogar múltiple.
El proceso se inició con la denuncia hecha por el interventor del contrato, Jesús David Salgado Herrera, quien argumentó irregularidades en la construcción del mismo.
El abogado del alcalde insiste en que el procurador Nassif desde febrero dejó transcurrir tres meses sin emitir pronunciamiento sobre el caso y que solo hasta mayo actuó por presuntas inconformidades y lentitud argumentada por el denunciante Salgado Herrera.
Advierte además que el procurador Nassif “cambió el procedimiento del proceso, pasándolo de ordinario a verbal con un afán injustificado, para que el denunciante no lo atacara por la mora en atender el proceso”.
En sus declaraciones, Pérez asegura que el Procurador permite presunta injerencia del denunciante en las decisiones de su despacho y sustenta esa denuncia argumentando la presunta entrega de copias de sus actuaciones a terceros, contrario a las leyes.
Debido a la polémica que se ha suscitado con el proceso, el mismo fue trasladado a Bogotá para que sea conocido por el procurador General de la Nación
La demanda
La investigación contra el alcalde de Lorica se inició en abril de 2009 debido a presuntas irregularidades en la contratación de la construcción del hogar múltiple del barrio El Progreso, por valor de 1.500 millones de pesos.
El contrato fue suscrito con la Asociación de Municipios de Córdoba, Amucórdoba, pero se venció el plazo de ejecución de la obra sin que esta se hubiera terminado.
Fue entonces cuando el interventor Jesús Salgado Herrera, denunció algunas anomalías como la prórroga y pago de actas superiores a 200 millones de pesos, sin aplicación de una sanción pecuniaria contra Amucordoba, por incumplimientos en los términos de ejecución del contrato fijados para abril de 2009 y que se extendieron por tres meses más.
Denunció además que el contrato fue adjudicado a dedo y que se utilizó el nombre de una asociación para evitar el proceso de licitación requeridos cuando la obra supera ciertos montos.
