Así lo determinó el alto tribunal tras revisar una tutela interpuesta por los campesinos, quienes hace ocho años fueron despojados de sus tierras por parte de grupos paramilitares y al intentar regresar fueron desalojados por agentes de la Policía de El Peñón (Bolívar), al considerarlos invasores.
El alto tribunal consideró que el desalojo efectuado por las autoridades no estuvo dentro de la ley, ya que en curso estaba un proceso de extinción de dominio.
La Corte Constitucional le pidió al Incoder que concluya prontamente la extinción de dominio, con el fin de brindar estabilidad a las cerca de 600 familias desplazadas.
Si bien el alto tribunal no es competente para ordenar la devolución de las tierras, dejó claro que las familias allí ubicadas no pueden ser retiradas hasta que no finalice el proceso adelantado por el Incoder.
Las familias llegaron a la propiedad a finales de los años 80.
Actualmente, la hacienda Las Pavas está en manos de una sociedad de palmicultores, que ha entablado varias acciones legales para continuar con su dominio.
Garantizan retorno
La Policía Nacional y el Ejército con jurisdicción en la zona tienen la orden de prestar seguridad y velar porque se respeten los derechos humanos de los centenares de campesinos que están retornando a la hacienda Las Pavas.
Esto lo asegura el secretario del Interior de Bolívar, Roberto Camargo Payares, a raíz del fallo de la Corte Constitucional que ordenó la devolución de las tierras a los campesinos.
“Todas las instituciones estarán pendientes para que el retorno se realice sin contratiempos”, expresa el funcionario.
“Desde el momento en que empezó el retorno de las familias hemos estado pendientes de su seguridad, pero ahora reforzaremos la vigilancia con las autoridades militares y de policía en la zona, a raíz del fallo de la Corte Constitucional”, reitera Camargo.
Según el funcionario, los organismos de seguridad del Estado están pendientes del bienestar de los habitantes de Las Pavas.
