Sigue la novela sobre el proceso de elección de contralor(a) distrital de Cartagena. Aunque el pasado domingo el Concejo confirmó que el próximo 19 de diciembre se elegirá al contralor, hoy se conoció una noticia que podría afectar el proceso.
Es importante recordar que el 30 de noviembre del 2025 la corporación edilicia suspendió la elección por la renuncia de uno de los tres aspirantes a la terna: Martha Luz Turizo Lobo. Lea también: Concejo elegirá a contralor distrital de Cartagena antes de Navidad
Por esa razón, el presidente de la Mesa Directiva del Concejo, el conservador Rafael Meza Pérez, indicó que, atendiendo el reglamento y lo que dice la ley, se incluyó al aspirante Jairo Páez Domínguez (quien ocupaba el cuarto lugar) para conformar la nueva lista de finalistas.
Así las cosas, la nueva terna quedó conformada por Yadira Morales Roncallo, Jairo Alberto Páez Domínguez y Rafael Francisco Vera Romero.
¿Quién es el aspirante a la contraloría de Cartagena que solicitan eliminar?
Pero mientras el Concejo realiza el proceso para elegir al contralor(a) este 19 de diciembre, este martes se conoció que un juez pidió excluir de la lista a una de las aspirantes que hace parte de la terna, y a otros tres que participaron en la convocatoria.
Esto se dio luego que el presidente de la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (Veerjurídica) presentara una acción de cumplimiento, alegando que cuatro aspirantes no cumplieron con el requisito documental obligatorio para la convocatoria, el cual se encuentra previsto en el numeral 7º del artículo 15 de la Resolución 185 de 2025.
Se trata del certificado de antecedentes disciplinarios del ente rector competente, el cual, según el demandante, no fue aportado por los cuatro ciudadanos.
El recurso fue asumido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena. En el proceso se indica que los señalados sí aportaron el documento requerido; sin embargo, tras estudiar los argumentos de las partes, el juzgado señaló que los involucrados presentaron el certificado de ausencia de sanciones disciplinarias vigentes, “distinto al Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Histórico)”.
“De manera que el certificado reducido (’solo sanciones vigentes’), que fue el aportado por los señores aspirantes Yadira Morales Roncayo, Robinson Camilo Ojeda Ortiz, Alcibaldo Cruz León y Abraham Haydar Berrocal, no cumplen con lo previsto en la convocatoria, ya que no satisface el requisito del numeral 7 del artículo 15 de la Resolución 185 de 2025″, afirmó el juzgado en la sentencia de primera instancia.
Y agregó: “Pretender reemplazar un certificado histórico por uno de estado actual es jurídicamente improcedente y desnaturaliza la finalidad del requisito, cuya razón de ser es evaluar la trayectoria disciplinaria completa, no únicamente la ausencia de sanciones activas”.
La decisión del Juzgado de Cartagena sobre los aspirantes a contralor de Cartagena
Por ello, el juez del caso, en fallo de primera instancia, le ordenó al Concejo Distrital y a la Universidad de Cartagena “que procedan a excluir definitivamente a dichos aspirantes del proceso de selección de contralor(a) distrital”, incluyendo a Morales Roncallo, una de las ternadas.
“Los aspirantes que solo presentaron el certificado de sanciones vigentes no cumplieron con el requisito formal y sustancial exigido en la convocatoria del Concejo de Cartagena para elegir contralor, por lo que su admisión vulneró los principios de legalidad, igualdad y transparencia del proceso de selección”, indica el texto.
Para el concejal del Cambio Radical, Wilson Toncel, esta decisión se trata de una acción de cumplimiento, “el cual no es el medio idóneo y principal para hacer valer derechos y obligaciones en el trámite de una convocatoria pública cuyo objeto es la elección de contralor distrital”.
“Sin tener formación como abogado, sé que las acciones de cumplimiento buscan que autoridades cumplan con lo que la ley o un acto administrativo les obliga, entendiendo que el Juzgado considera que el Concejo Distrital, en cabeza de su Mesa Directiva y la Universidad de Cartagena se encontraban incumpliendo el acto administrativo que fija las reglas de la convocatoria pública de elección”, indicó Toncel.
Resaltó que la Mesa Directiva del Concejo es la competencia para acoger la orden judicial y adoptar las medidas pertinentes. “Espero se actúe conforme lo establece la ley y siempre en pro de la ciudadanía cartagenera, que es a quien representa la Contraloría en el ejercicio del control social y fiscal”, señaló el concejal.
Y concluyó: “Es lamentable regresar a los años anteriores en donde el control fiscal no tenía un doliente propio y, que en últimas, se veía influenciado por las distintas corrientes políticas de la ciudad. Los intereses políticos no deben estar por encima de los intereses de la ciudadanía”.