El pasado 29 de agosto, el Juzgado 11 Penal Municipal de Control Garantías de Cartagena, le dio un plazo de 48 horas a la Alcaldía Local Industrial y de la Bahía (3) para emitir una respuesta de fondo y completa a la petición de un ciudadano, relacionada con un contrato de mejoramiento de viviendas y saneamiento básico en el corregimiento de Pasacaballos y la vereda Bajo del Tigre.
De acuerdo con el Distrito, la alcaldesa de la localidad, Yucelis Garrido, señaló que la petición fue hecha a canales de comunicación, brindados por el veedor Carlos Manuel Cruzante, que no eran los que maneja la funcionaria. Lea también: Ratifican elección de los alcaldes locales de Cartagena
Por ende, al no haber llegado la petición por medios convencionales, la información solicitada a la Alcaldía Local no se aportó; derivando que, posteriormente, el 25 de septiembre de 2025, la jueza Lilia Jiménez Rodríguez decidiera que la alcaldesa incurrió en desacato al fallo de tutela del 29 de agosto.
Con base a esto, el Juzgado impuso contra Garrido una sanción de arresto por cinco días y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La apelación de la alcaldesa Yucelis Garrido ante su sanción
Según el Distrito, durante la apelación al fallo y petición de nulidad de lo decidido, Garrido aportó toda la información y el material probatorio para desestimar las acusaciones de supuestas irregularidades en el contrato.
“Demostró que no se violó el derecho fundamental de petición y que, incluso, los soportes y detalles de las obras están para la consulta pública en la plataforma Secop II”, señaló la Alcaldía.
Por otro lado, resaltó que la alcaldesa menor probó que hubo vicios de procedimiento en el proceso, reconocido por la jueza, quien terminó declarando la nulidad de lo decidido anteriormente y archivando el proceso.
“Siempre es gratificante cuando la justicia triunfa, aunque el accionante estuvo y siempre estará, así como todos los ciudadanos, en su derecho de pedir información y hacer control social. Estamos comprometidos a garantizar que nuestra gestión que, como le prometimos todos los alcaldes locales al alcalde Dumek Turbay, es transparente, legal y coherente con el Plan de Desarrollo, Cartagena, ciudad de derechos. Y siempre estaremos abiertos a demostrar que trabajamos como se debe frente a supuestas irregularidades”, afirmó la funcionaria.
Y agregó: “Todos los ciudadanos, líderes comunales y veedores están en su derecho de solicitar información, hacer veeduría y control social; lo que sí no se puede permitir es jugar con la verdad e inducir al error a la justicia”. Le puede interesar: Designan al nuevo alcalde de la Localidad 2 de Cartagena
Según el Distrito, en la tutela desestimada por el Juzgado, Carlos Manuel Cruzante, expuso que la Alcaldía Local 3 “había incurrido en sobrecostos en el contrato y que en las obras se habían contratado a menores de edad, para así no pagar seguridad social”.
“Señaló que los materiales utilizados habían sido de mala calidad. La jueza, tras revisar la información y las pruebas allegadas por Garrido, desestimó estas denuncias”, concluyó la Alcaldía.