El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo capítulo por el caso de la presunta irregularidad en los gastos de su campaña a la Presidencia en 2022. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al mandatario.
Según la Sala de Instrucción del alto tribunal, el mandatario habría incurrido en un desfase de 1.215 millones de pesos frente a los topes de gasto permitidos, debido a una supuesta manipulación de facturas de transporte aéreo que se habrían dividido artificialmente para evadir los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Resolución 1678 de 2021 del CNE fijó en $14.266 millones el total de gastos permitidos para la consulta interna del Pacto Histórico, distribuidos entre cinco precandidatos. A Petro le correspondía un tope de $8.758 millones, de los cuales su campaña reportó $8.717 millones. Sin embargo, la Corte advierte que el gasto real habría sido superior al incluir la totalidad de los costos del servicio aéreo. Lea: Campaña de Petro: Corte compulsa copias contra Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo
Los montos que tienen la lupa la campaña Petro
El reporte oficial incluyó una obligación pendiente con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. por $1.109 millones, pero los investigadores judiciales hallaron que la factura original ascendía a $2.324 millones. Esta habría sido dividida en dos documentos: uno cargado a la campaña presidencial y otro, por $1.215 millones, atribuido a la campaña al Senado del Pacto Histórico, bajo la gestión de Guillermo Jaramillo Martínez.
De acuerdo con la Corte, el reajuste de facturación habría tenido como propósito “reducir el valor reportado y evitar superar los topes de gastos”. Esa división permitió que la campaña de Petro se mantuviera formalmente dentro del límite autorizado, lo que además derivó en un reembolso por reposición de votos aprobado por el CNE.
El alto tribunal indicó que los registros financieros presentados ante la autoridad electoral no reflejan la realidad contractual, lo que constituiría una falsedad en documentos oficiales. La Sala de Instrucción también señala posibles acuerdos entre los equipos administrativos y gerenciales de las campañas del Pacto Histórico para alterar los reportes de ingresos y egresos.
Por estas razones, la Corte Suprema compulsó copias de la decisión AEI0208-2025, del 18 de septiembre de 2025, a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, el órgano competente para indagar a los jefes de Estado por su fuero presidencial.
La decisión, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, ordena iniciar una investigación formal en virtud de lo establecido en los artículos 178.3 de la Constitución y 312.4 de la Ley 5 de 1992, para determinar si existió una violación de los límites legales de gasto o manipulación de información electoral durante la consulta interna del Pacto Histórico en 2022.