El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay continúa generando reacciones políticas en el país. Los exnegociadores del proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, emitieron un fuerte pronunciamiento en el que cuestionan al presidente Gustavo Petro por lo que consideran una falta de compromiso con la protección de la oposición política, uno de los pilares establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016.
De la Calle y Jaramillo calificaron el crimen contra Uribe Turbay como un hecho “cobarde y doloroso” y enviaron condolencias a la familia del legislador. Sin embargo, advirtieron que este homicidio también representa un golpe a la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, ya que la víctima era cabeza visible de la oposición en el Senado como primer renglón del Centro Democrático.
Los exnegociadores recordaron que el pacto firmado con las Farc no solo contemplaba el desarme de la guerrilla y su tránsito a la vida política, sino también “garantías máximas para el ejercicio de la oposición política”. Lea también: Seguridad dispersa y policías trasnochados: UNP sobre esquema de Miguel Uribe en atentado
En ese sentido, señalaron que la actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad —que incluye una instancia de alto nivel en la Presidencia para promover la convivencia— ha sido de “desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”.
Garantías de seguridad para la oposición en Colombia
De la Calle y Jaramillo también hicieron referencia a la ley 1909 de 2018, conocida como el estatuto de garantías para la oposición, aprobada vía ‘fast track’ como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Según ellos, la actual administración no está haciendo cumplir este marco legal.
Las críticas alcanzaron al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, a quien reprocharon que admita que existe un “divorcio” dentro del Gobierno en la implementación del acuerdo y que traslade la responsabilidad a funcionarios de menor rango en su oficina.
En su declaración, insistieron en que la historia de violencia contra líderes políticos no debe repetirse y que es obligación del Ejecutivo implementar plenamente el Sistema Integral y fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado para proteger tanto a la oposición como a los firmantes del acuerdo.
“Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”, cuestionaron.
La investigación sobre el asesinato a Miguel Uribe
Sobre las hipótesis que apuntan a que la Segunda Marquetalia podría estar detrás del asesinato de Uribe Turbay, los exnegociadores alertaron que el Gobierno está dejando las regiones a merced de las “bandas criminales y las disidencias”.
Además, advirtieron que este crimen es consecuencia de lo que consideran una “terrible equivocación” al empoderar a grupos armados sin un plan claro ni un marco legal definido. Le puede interesar: Dura respuesta de abogado de Miguel Uribe por nueva versión de la UNP tras el atentado