El exministro de Justicia de Colombia (2020-2022), Wilson Ruiz Orejuela, realizó un amplio balance jurídico y político sobre temas que marcan la agenda nacional e internacional.
En una conversación exclusiva con El Universal, abordó temas como su denuncia reciente contra Alfredo Saade, su visión sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe, la crisis de seguridad en las regiones, la justicia transicional y hasta propuestas para una profunda reforma de la justicia en el país.
Denuncia contra Alfredo Saade por las declaraciones en el Congreso
Cuéntenos un poco más sobre la denuncia interpuesta contra Alfredo Saade
Yo me formé con la Constitución de 1886 y con la del 1991. Entonces, siempre he enseñado en el país que un ciudadano tiene que respetar la Constitución. Quieren saltar ordinariamente para poder reelegir al presidente de la República con una propuesta completamente ilegal e inconstitucional. Y lo hace una persona, como el que yo llamo “el pastorcito mentiroso”, que tiene una gran responsabilidad porque es el jefe de despacho de la Casa de Nariño. Yo creo que eso es muy irresponsable de su parte.
Por eso, ayer a través de mi oficina instauramos la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y hoy radicamos la denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.
Los servidores públicos, como él, saben que no pueden intervenir en política de esa forma tan vulgar y tan descarada. Esta es la razón por la cual esperamos que los órganos de control se pronuncien en ambos casos como tiene que ser.
¿Cuál es su análisis frente al discurso del presidente Gustavo Petro y frente a lo que dijo la oposición?
Cuando uno desempeña un cargo público y habla de temas que son de interés, se debe sustentar con cifras reales. Lo que dijo el presidente, fue una desconexión total con la realidad. No tiene una dilación mental ni coherencia con lo que dice. Empezó a echar todo tipo de mentiras, razón por la cual la oposición, encabezada por la señora Lina Garrido Representante de la Cámara por Arauca y también la senadora Paloma Valencia, empezaron a desvirtuarle todos los argumentos que él tenía. Se molestó cuando lo trataron de mentiroso. Luego se escuchó a la gran mayoría del Congreso diciendo “¡Fuera Petro!”, se incomodaron y salieron del recinto. No tenian que huir. Si usted no debe nada, nada teme. ¡De la cara! Enfrente a la oposición como tiene que ser. A mí cuántas veces no me han confrontado como magistrado, como ministro de Estado, pero siempre le doy la cara al país.
“Maquillar las encuestas es una forma irresponsable, cuando todos sabemos que el país se está cayendo a pedazos en materia de seguridad, de justicia y en materia económica, para no mencionarte más”.
Wilson Ruiz, exministro de Justicia 2020 - 2022
Sobre el llamado a declarar de Álvaro Leyva, ¿Qué implicaciones puede tener esto para la imagen del gobierno y para la institucionalidad?
Cuando un canciller da esas declaraciones tan delicadas, en las cuales deja entrever que el presidente consume sustancias alucinógenas, sus pérdidas constantes en la agenda de gobierno, no solamente nacional sino internacional, la irresponsabilidad de que no llega a los eventos… Eso me deja preocupado, porque Álvaro Leyva durante muchos años ha sido muy amigo de él y también era la persona más cercana a nivel internacional.
Cuando yo me enteré de eso, inmediatamente denuncié al presidente. Consumir alcohol o drogas no es en sí un delito. Pero desde luego, si se logra demostrar que es una persona que está enajenada mentalmente, que no tiene la capacidad mental para gobernar el país —porque la incapacidad física también puede ir por la parte mental— desde luego, el Senado de la República, una vez pase por la Cámara de Representantes, está en la obligación de designar tres médicos especializados en el tema para que finalmente digan que no es apto para ser el presidente de los colombianos, por lo que habría de separarlo del cargo.
¿Quién seguiría? La que está de segunda a bordo. Aquí no nos vamos a quedar sin —excúseme el término— un conductor que dirija el país. Ese es el trámite. También acudí a la Corte Penal Internacional y, aprovechando que estaba por los lados, lo denunciamos ante esa Corte por tantas masacres que hay, frente a la reducción de nuestra fuerza pública, frente al pacto de la Picota, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Sobre el juicio contra Álvaro Uribe
¿Cuál es su lectura jurídica sobre el juicio de Álvaro Uribe y cómo cree que impacta la confianza ciudadana en la justicia?
Este caso, infortunadamente, se ha vuelto mediático. Me da la impresión de que lo han politizado. En mi concepto, el expresidente ha sido un hombre valiente, valeroso, honesto e infortunadamente ha caído en manos de esa política en la cual lo quieren deslegitimar como tal. Y hay un principio universal, sin ánimo de prejuzgar ni nada: toda duda que uno vea en materia penal siempre se aplicará en favor del procesado. Eso no me lo pueden cambiar y yo no me puedo meter mucho más allá, porque no es mi deber, ni tampoco soy abogado en ese caso.
¿Qué piensa del proyecto de paz total?
Yo estoy en desacuerdo con ese plan. Nosotros ya lo vivimos con la famosa Ley de Verdad, Justicia y Reparación del 2005, con lo que terminó beneficiando a los criminales de alto impacto y las pobres víctimas que arden en el olvido. Que bonito sería: primero, cuando hablamos de que le van a dar el 12 % a estos victimarios o delincuentes de alto impacto, que se queden con el 12 % de su actividad ilícita… ahí me parece que se va a dar un mensaje equivocado y el delito paga.
Lo segundo que te quiero decir como propuesta: ¿por qué no sentamos a las víctimas? Quienes al gobierno le dieron más de un millón y medio de votos.
Toda esa gente que está ahí condenada en La Picota, vámonos con los delincuentes de allá en Medellín y que sientan a las víctimas y les digan a esas personas en la cara: “Mire, la verdad: nosotros desaparecimos, descuartizamos a su ser querido, lo enterramos en tal parte.” Esa es la primera verdad que necesitamos saber.
La segunda es justicia: ¿vamos a meterles unas penas irrisorias? Nada. Si le van a meter ocho años, como el del turismo, que sean físicamente ocho años aislados y en cárceles comunes, como tiene que ser. Eso es justicia, ¿no es cierto? Pagar por un delito que se cometió.